Raúl Molina
La lucha de clases no la inventó Karl Marx; solamente la estudió y explicó. El Manifiesto Comunista dice: “La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros jurados y compañeros; en una palabra, opresores y oprimidos, en lucha constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada; una guerra que termina siempre, bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas”. Señalaba Marx que las clases en contraposición eran la burguesía -los dueños de los medios de producción- y el proletariado -los trabajadores asalariados. La lucha de clases se promueve desde ambos lados: los trabajadores que buscan el cambio revolucionario, y la burguesía, que intenta mantener la situación de opresión, discriminación, explotación y represión. Desde la caída del bloque del Este europeo y la implantación del modelo neoliberal de capitalismo, la ofensiva en esta lucha de clases la conserva la burguesía, que hace que los Estados respondan a sus intereses y se despoje a la clase trabajadora de sus pocos logros. Los trabajadores apenas alcanzan a defenderse de la embestida brutal del neoliberalismo. Eso nos lo muestra con claridad la Cámara del Agro, sector de la burguesía guatemalteca que se siente todavía rancia oligarquía y conserva el monopolio de la actividad agrícola. Sus principios son conocidos: defensa a muerte, literalmente, del derecho sobre la tierra, ya sea que ésta se posea por medios lícitos o que haya sido fruto de actos criminales, desde la “encomienda” de la colonia hasta las falsas titulaciones del presente; no a la reforma agraria, al pago del salario mínimo y al pago de impuestos; odio profundo al campesinado y a los pueblos indígenas; y represión, física y legal, contra quienes reclamen o defiendan tierras, territorios y recursos naturales. Es el grupo que defiende por todos los medios al gobierno de Jimmy Morales y su compromiso con los que se apoyan en la corrupción y la impunidad.
Con esos antivalores en su mano, la Cámara del Agro ataca los grandes avances en derechos humanos. Al igual que los sectores más reaccionarios de Estados Unidos que creen en la supremacía de los blancos, tratan de negar el derecho a la protesta social y empujan una “ley contra el terrorismo”, absolutamente innecesaria, que pretende negar el derecho a las movilizaciones y a los bloqueos de carreteras, aduciendo “libertad de locomoción” y lamentando las horas perdidas en el transporte. ¿Será terrorista el alcalde Arzú cuando cada trabajador tiene que invertir diariamente entre tres y cuatro horas para llegar a su sitio de trabajo en la capital? ¿Eran terroristas los camioneros que cerraron carreteras en el pasado? La Cámara del Agro quiere despojar al campesinado de los pocos recursos que le quedan para expresar su desesperación ante la situación caótica impuesta por los sectores dominantes y sostenida por el Gobierno a base de corrupción. La lucha de clases solamente se mitiga con un Pacto Social, Económico, Político y Ético.
