Víctor Ferrigno F.
Trece diputados, encabezados por Linares Beltranena, presentaron el lunes pasado una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, para lograr que los uniformados que cometieron crímenes de lesa humanidad no sean juzgados o sean excarcelados, en un acto en el que clamaron por impunidad.
Hay que dejar claro que el medio millar de soldados, suboficiales y oficiales que han sido condenados o enjuiciados, no han sido procesados por combatir a guerrilleros armados, en justa lid, sino por matar, violar o torturar a civiles desarmados, o a prisioneros de guerra rendidos. Así lo testimonian miles de pruebas, como los cientos de cadáveres exhumados en la Base Militar de Cobán, mayoritariamente de ancianos, mujeres y niños, muchos de ellos aún amarrados y con claras señales de tortura.
Se trata pues, de asesinos mata-amarrados, lo más execrable de una fuerza armada. No son “combatientes heroicos”, sino delincuentes que cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo que no pueden ser amnistiados, como ya lo sentenció la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así pues, si aprueban la reforma legal, ésta será invalidada judicialmente. Lo que indigna, es la continuada pretensión que criminales de guerra gocen de impunidad. Es la misma lógica con la que actuaron los 112 diputados que, en un pacto de impunidad, reformaron el Código Penal para que no se les pudiera perseguir, y la ciudadanía los hizo recular.
Entre los trece promotores de impunidad está el diputado Ubico, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Qué credibilidad política se merece semejante caterva de cómplices de criminales de guerra?
Pero los desatinos parlamentarios no se quedan allí. La semana pasada la mayoría de diputados eligieron, entre los magistrados de Sala, a un ciudadano fallecido. Además, pretenden cancelar o intimidar a las ONG que denuncian sus torpezas, mediante la iniciativa de ley 5257, presentada por el diputado oficialista Christian Gabriel, para reformar la Ley de ONG para el Desarrollo, limitando el derecho constitucional de organizarse, a la usanza de los regímenes dictatoriales.
Mientras varios medios de comunicación alternativa demandaban conjuntamente la investigación del acoso en su contra, la CSJ le quitó la inmunidad al diputado por FCN, Julio Juárez, diez meses después que el Ministerio Público hiciera la solicitud y más de dos años y medio después del asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez, de cuya autoría intelectual se sindica a Juárez. A la corrupción, se suma el asesinato.
El epicentro de la crisis político institucional que vivimos está en el Congreso, pero en la iniciativa privada también claman por impunidad. Los directivos de las cámaras empresariales han condenado la persecución penal de la SAT y del MP contra los evasores de impuestos, aduciendo que esto afecta “el clima de negocios”, obviando que un evasor es un criminal que debe ser juzgado, porque muchos niños mueren por falta de recursos.
El reciente escándalo de las filtraciones de los Paradise Papers, que se suma a los Panama Papers, evidencia los cientos de empresas offshore que los oligarcas guatemaltecos han constituido en el extranjero, posiblemente para eludir impuestos, gozando de impunidad.
A este inaceptable clamor de impunidad, se suma la demanda presidencial que se persiga el delito, pero no a las personas.
Frente a tanto cinismo, no cabe otro recurso que la movilización ciudadana y el relevo de los impunes.
