Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hablando de los fenómenos de combate a la corrupción que desde América Latina se convierten en modelo para otros países, el Presidente de Transparencia Internacional, José Carlos Ugaz, dijo que había que hablar de dos modelos específicos. Uno es el de Brasil y Perú, su país de origen, donde por decisión propia las autoridades decidieron investigar y castigar a los responsables de corrupción, avanzando en casos que han llegado a ser paradigmáticos y, como pasa con Odebrecht, que no afectaron únicamente a uno de esos dos países.
El otro modelo, dijo el experto, es el de Guatemala, país que pidió ayuda a la comunidad internacional y la ONU decidió establecer un acuerdo de cooperación que se tradujo en la creación de la CICIG. Esa entidad vino a cambiar muchas cosas en Guatemala y detectó que uno de los grandes problemas es la forma en que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad participan en el juego de la corrupción creando enormes redes de crimen organizado, contando luego con la valiosa cooperación del Ministerio Público cuando Thelma Aldana asumió sus funciones y rompió la vieja tradición de que el tema de la corrupción no entraba jamás en el radar del MP.
En otras palabras, Perú y Brasil decidieron entrarle a la corrupción y el pueblo ha apoyado el esfuerzo de sus autoridades que han ido frontalmente a investigar numerosos casos. En cambio, los guatemaltecos vimos que el gobierno pedía ayuda para una comisión que combatiera la impunidad y la misma, al quedar instalada, vio lo obvio y evidente, es decir que la impunidad tiene sus cimientos en la corrupción generalizada en el país y dirigida por aparatos clandestinos en los que participan no sólo funcionarios públicos, sino particulares que han sido parte de la cooptación del Estado.
Pero lo patético de nuestro “caso” ante los ojos del mundo es que esa lucha que debiera de ser de todos, produjo una notable división y ahora el mismo Estado, con sus tres Organismos, es enemigo frontal y descarado del esfuerzo y hace lo que pueda para acabarlo. En vez de atacar la corrupción, se ataca a los que investigan y acusan a los corruptos y la millonaria campaña que se ha venido manejando desde las redes sociales, financiada por megaempresas, ha logrado crear una impresionante corriente a su favor. Desde la afirmación de que la lucha contra la corrupción es agenda de izquierdistas, hasta la comprobación de que nuestra economía sufrió un frenazo, son muchos los que son ahora enemigos de la CICIG y del Ministerio Público.
En otras palabras, el patético modelo guatemalteco es que la sociedad no se ha interesado en la lucha contra la corrupción como sí lo han hecho otras, como la de Brasil y Perú, donde es una causa popular, aplaudida por los ciudadanos que están hartos y asqueados de ver el latrocinio. Aquí, en cambio, se llega al extremo y colmo de decir que el clima de negocios es malo por tanta investigación que se hace, como si ello no fuera parte de la cacareada certeza jurídica que, por lo visto, sólo la quieren para dar validez a los negocios turbios.
