Ayer el Fiscal Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), trasladó sus comentarios luego de haber participado en una concurrida reunión de fiscales realizada en Panamá para intercambiar experiencias respecto al sonado Caso Odebrecht en el que resultaron embarrados casi todos los países del continente por las consistentemente reiteradas prácticas corruptas de ese conglomerado que en Guatemala hizo negocios con los gobiernos de la UNE y del PP.
Y dijo el licenciado Sandoval que colegas suyos comentaron las enormes presiones que han recibido de parte de grupos que pretenden que se suspendan las investigaciones relacionadas con la corruptela promovida por la firma constructora. Y al escuchar esa declaración no puede uno pensar sino en cómo es la vida, porque en Guatemala lo que ha habido es una enorme presión de la sociedad para que se investigue a fondo el Caso Odebrecht, pero no hay avances significativos ni en cuanto a los manejos de los Presidentes que se embarraron, sus respectivos ministros y los diputados que con la celeridad con que eligieron a los magistrados de la impunidad votaron a favor de los préstamos que iban amarrados al sucio negocio de los contratos otorgados a la empresa brasileña.
En muchos países ya hay presos por el Caso Odebrecht y se ha avanzado con diligencia en las investigaciones, mientras que en Guatemala sigue siendo uno de los tantos pendientes que, curiosamente, se relacionan con el Gobierno de los Colom Torres. Cierto que han ido cayendo poco a poco diputados de la bancada de la UNE, siendo el caso de Roberto Kestler el último conocido, pero si entendemos la dimensión de la corrupción en la práctica administrativa del día a día en Guatemala, es inaudito que no aparezca más que un diputado como responsable de trinquetes con las medicinas, cuando se sabe que fue un área en la que la presencia de Gustavo Alejos, secretario privado luego de haber sido financista como ejecutivo de una farmacéutica, no presente casos paradigmáticos.
Ha habido presión social y en los medios para que se investigue a fondo el Caso Odebrecht en el que Guatemala tuvo el descaro de buscar una negociación entre el Ministerio de Comunicaciones y la firma brasileña “para que no nos demanden”, como si los delincuentes fuéramos los guatemaltecos y no el consorcio que se aprovechó de la voracidad de unos cuantos funcionarios para hacer negocios significativos. Somos, sin duda, uno de los países que menos ha avanzado en la acusación formal de los responsables de esa gigantesca ola de corrupción continental.
