Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La inmediatez en la comunicación que ofrecen las redes sociales constituye en muchos sentidos un gran avance tecnológico, pero también surgen muchas dudas respecto no sólo a la confiabilidad y veracidad de las comunicaciones, sino también en las consecuencias que tiene la expresión de ideas no suficientemente meditadas. Hay mucha gente que ni bien ha terminado de ver algo y ya está digitando a toda velocidad desde sus celulares todo tipo de reacciones sin medir las repercusiones que pueda tener todo lo que dice.
Pero cuando es un funcionario público quien da rienda suelta a sus reacciones, por supuesto que las consecuencias son mucho más trascendentes y lo acabamos de ver ahora que el Presidente de los Estados Unidos reaccionó, con razón se podría decir, pidiendo que al sindicado del atentado terrorista en Nueva York se le aplique la pena de muerte. Al margen de lo que uno pueda o no pensar respecto a ese castigo, el hecho es que la legislación norteamericana lo aplica para cierto tipo de delitos y pareciera que hay muchas razones para suponer que el conductor del camioncito que atropelló a los ciclistas incurrió en las agravantes que podrían justificar esa pena, pero siendo un crimen federal el cometido y que el Departamento de Justicia será el encargado de hacer la acusación, los expertos ven un grave riesgo de que no se acepte una petición de pena capital tomando en cuenta que el superior del Departamento de Justicia es justamente el Presidente de los Estados Unidos y esa expresión tuitera puede servir para que la defensa del sindicado cuestione con éxito el carácter estrictamente jurídico de la petición.
Además, expertos en derecho señalan que será muy difícil integrar un jurado que no esté contaminado por lo que sobre el tema ha dicho con enorme velocidad “dactilográfica” el Presidente de los Estados Unidos respecto a este caso. Profesores de derecho dicen que, dado el sistema de jurados que se utiliza en los procesos penales en Estados Unidos, se requiere que quienes lo conformen tengan amplio criterio para opinar sobre los hechos que le serán expuestos durante el juicio, pero que en este caso la “contaminación” es enorme y compromete la imparcialidad de los potenciales miembros del jurado.
Recuerdan que en una oportunidad Nixon en una conferencia de prensa emitió opinión sobre alguien que estaba siendo procesado y lo calificó como criminal. Inmediatamente la Casa Blanca emitió un comunicado en el que el Presidente se retractaba de sus afirmaciones y afirmaba que existiendo un juicio el sujeto tenía que seguir siendo considerado inocente hasta que el jurado emitiera su veredicto.
El ejercicio de las funciones públicas demanda enorme responsabilidad porque uno deja de tener la facultad, que tenemos el resto de los ciudadanos, de simplemente decir lo que pensamos. Un gobernante tiene que medir cada palabra y pensar en las consecuencias de todo lo que hace o dice y ahora, con la revolución en las comunicaciones, ese cuidado tiene que redoblarse.
