Víctor Ferrigno F.
Aunque parezca lejano, con la sindicación y el previsible enjuiciamiento de Álvaro Arzú, se dio inicio a la etapa de cierre de un ciclo histórico nefasto, iniciado en 1954, con el golpe de Estado al gobierno constitucional de Jacobo Árbenz, y la primera gran cooptación del Estado moderno por las fuerzas más conservadoras y corruptas de nuestro país: la oligarquía criolla, anticomunista y racista, quien ha demostrado que el poder absoluto, corrompe absolutamente.
En mayo de 2003, la CIA desclasificó 12,850 documentos archivados, sobre el golpe de Estado en Guatemala, dando cuenta que el 9 de diciembre de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, aprobó el plan para derrocar a Árbenz (PBSUCCESS) y le asignó tres millones de dólares.
El 18 de junio de 1954, dirigido, financiado y armado por la CIA, el coronel Carlos Castillo Armas inicia la invasión a Guatemala. Logra tomar Esquipulas, pero fue derrotado en Puerto Barrios, Gualán y Zacapa, fracasando la asonada.
Después de ser derrotado en Zacapa, Castillo Armas comienza a ofrecer dinero gringo a los militares, hasta que el “glorioso” Ejército de Guatemala capitula sin combatir, y Árbenz termina renunciando.
Una de las traiciones que Árbenz más lamentó, fue la de su ayudante personal, Romeo Lucas García, quien 24 años después llega fraudulentamente a la Presidencia, y nombra como su canciller a Álvaro Arzú, formado en las filas de la liberación.
Con Castillo Armas, una caterva de terratenientes, empresarios y militares corruptos inicia la cooptación del Estado, beneficiándose de prebendas, concesiones y privilegios, por “haber derrotado al comunismo”.
Este latrocinio de los bienes públicos llega a su máxima expresión con el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, quien, por dinero, autorizó el entrenamiento de cinco mil mercenarios anticastristas en la Finca La Helvetia, en Retalhuleu, de la familia Alejos. También negoció un aumento de la cuota guatemalteca de azúcar en el mercado de los EE. UU. (Galeano, 1999). De allí viene la vieja alianza entre gobernantes podridos, empresarios venales, militares apátridas, y políticos infectos; todos férreos anticomunistas y “buenos cristianos”.
El 13 de noviembre de 1960, un grupo de jóvenes oficiales y suboficiales intentaron derrocar al Gobierno de Ydígoras Fuentes, indignados por la difícil situación de las unidades militares, debido al mal trato, falta de suministros, y por la corrupción y los malos manejos del Gobierno.
Así dio inicio el Conflicto Armado Interno, que duró 36 años, finalizando en 1996. Existen evidencias escritas, de cómo el ejército le impuso a los presidentes civiles Julio César Méndez (S. Rosenthal.1992) y a Vinicio Cerezo (A. Gramajo. 1991) un pacto de gobernabilidad de facto, para garantizar una cuota de control castrense del poder político y económico.
Durante su gobierno, Arzú retomó el control empresarial del Estado, aprobó las leyes que legalizaron el proyecto neoliberal, y privatizó las empresas públicas, beneficiando a sus amigos y socios. Durante 20 años se atrincheró en “su muni”, constituyendo fideicomisos no fiscalizables, y negociando con militares asesinos (Lima, Espinoza, Pérez), con empresarios venales (Bueso, Mussela) y con políticos corruptos de Gana, Todos, UNE, FCN, etc.
Todo este corrupto andamiaje político-empresarial-militar se construyó sobre la base de la impunidad; fueron intocables hasta ahora, que se les procesa y encarcela por ser vulgares ladrones. De allí su odio visceral a Iván Velásquez, quien con Thelma Aldana les ha recordado una simple máxima: cuando hay justicia, el que la hace, la paga. Se cierra el telón.
