Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No cabe la menor duda que a la clase política del país le vale madre lo que la ciudadanía piense de ellos y la sesión de ayer en el Congreso es una muestra de ello porque entre los que zafaron bulto al no acudir al pleno y los que decidieron blindar con su voto al presidente Morales, quedó claro que hará falta mucho más que la presencia de la gente en las manifestaciones de protesta para proceder a la depuración absolutamente indispensable de nuestras instituciones, carcomidas todas por el cáncer de la corrupción que ha ido haciendo metástasis por todos lados.
Hubo gente que pensó que luego del encierro del pasado día 15 los diputados tendrían una actitud menos desafiante y más sensata, pero los hechos demuestran lo contrario porque debemos entender que ellos y el pueblo nos estamos jugando el todo por el todo. Si el pueblo triunfa es el fin de esas prácticas políticas viciadas, mientras que si los diputados triunfan es la garantía de continuidad de la cooptación del Estado para que los políticos y sus financistas se sigan repartiendo el pastel y negando a la ciudadanía las oportunidades que desaparecen porque todo lo disponible para inversión termina en los bolsillos de los que saben cómo sacarle raja a la podredumbre que nos apabulla.
El caso es que siguen contando con aliados muy poderosos e influyentes que son los mismos que le metieron al presidente Morales las ideas de expulsar a Iván Velásquez y terminar con la lucha contra la corrupción. Se trata de aquellos que durante décadas han ido perfeccionando el modelo de aprovechamiento de todas las oportunidades para propio beneficio y que saben que si continúa el trabajo de la CICIG y el Ministerio Público en la investigación de los casos de financiamiento electoral ilícito, no sólo corren el riesgo de ir a la cárcel, sino que se les terminaría el gran negocio que es darle dinero a los candidatos para asegurarse la oportunidad de hacer negocios muy lucrativos para ellos y sumamente onerosos para el pueblo.
Y está visto que entre ellos y los políticos, la componenda implica acabar con la lucha contra la corrupción y para ello es que el Presidente quiere cambiar el mandato de la CICIG. Afortunadamente hay ciudadanos que entienden las cosas y por ello hay que agradecer que se produzcan acciones como la que hoy ha anunciado el licenciado Alfonso Carrillo al presentar un amparo contra el Presidente y contra el Congreso para evitar que se pueda concretar esa patraña de modificar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, tal y como lo fue a proponer el señor Morales a Naciones Unidas durante su discurso en la Asamblea General.
Es obvio que lo que se pretende ahora es castrar a la CICIG para que se dedique únicamente a perseguir delitos comunes sin que opere en lo fundamental que es perseguir a los que se han hartado con el dinero de los guatemaltecos a lo largo de los últimos treinta años. El amparo de Carrillo es vital para impedir ese desaguisado.
