El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó por medio de un comunicado que el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) para el Proyecto de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, será aprobado bajo la modalidad de alianza público privada (APP).
La decisión fue tomada bajo el estricto cumplimiento de requisitos contractuales establecidos y legislación, aprobados previamente por el Congreso de la República, aclara el comunicado.
«Es imperativo subrayar que todos los riesgos de inversión en este proyecto son asumidos por el proveedor privado, alineado con las disposiciones legales vigentes», se lee en el documento.
La cartera afirmó que las consecuencias de no cumplir con la normativa vigente causarán graves daños al país. Legalizar el plan podría detener durante años las mejoras a la carretera principal que conduce al puerto más importante del Pacífico.
«Implicaría un riesgo significativo de perder en arbitraje frente a la empresa contratista, deteriorando la confianza de los inversionistas en la seguridad jurídica del país», detalla CIV.
BENEFICIOS TANGIBLES
Además, el CIV destaca que, a pesar de las limitaciones evidentes, es crucial reconocer que el acuerdo alcanzado conlleva beneficios tangibles para Guatemala.
Entre los beneficios que considera está la ampliación de la construcción de vías primarias, mejorando sustancialmente la conectividad y seguridad vial en la ruta CA-9.
En tendencia:
Extraña manifestación se registra en contra de magistrado de Sala vinculada a Felipe Alejos y otros
Esto responde la SAT sobre la iniciativa en el Congreso para no pagar el impuesto de circulación
Diputado de la UNE pidió una respuesta para el pueblo de Sololá pero no le gustó la forma de la respuesta
Giammattei no es investigado por Red Q por contar con inmunidad, dice Curruchiche
Según Curruchiche posible corrupción de Quijivix va por Q85 millones
«Debemos actualizar nuestro marco legal para la contratación de obra pública, adoptando estándares internacionales de eficiencia, calidad y beneficios para el Estado», describe el comunicado.
Por otro lado, la cartera de Comunicaciones indicó que es necesario fortalecer la gestión cuidadosa de estos modelos de contratación por parte de los funcionarios y las instituciones públicas. El Ministerio precisó que los riesgos de inversión en el proyecto son asumidos por la empresa privada.
