Roberto Arias
La jueza indagadora Silvia Morales entregó su informe a la Sala. Los 60 días de plazo establecido estaban por concluir, según explicó Gustavo Adolfo Dubón, presidente. Pero Silvia Morales no analizó el documento y este le ordenó a la jueza un plazo de 10 días para citar a Arzú de nuevo, y que presentara sus pruebas de descargo. Pero Morales se excusó de conocer el caso Arzú por supuestamente haber externado ya opinión al entregar el informe.
Después de varias citaciones y falta de asistir, Arzú Irigoyen se presentó al Juzgado Noveno para mostrar sus pruebas de descargo por una solicitud de antejuicio en su contra.
Dentro de un ambiente tirante y rodeado de empleados municipales que, copiando a su jefe, abusivamente bloquearon la entrada del contorno, Arzú llegó acompañado de su abogado para presentar las pruebas de descargo ante la jueza fiscal Silvia Morales.
Obviamente Arzú negó todos los señalamientos y evitó absolutamente a la prensa que lo debatía sobre la enorme serie de recursos que presentó para no acudir a las citaciones del Juzgado, cayendo en abuso del uso de esos recursos legaloides.
La acusación contra Arzú fue hecha por el extrabajador municipal Luis Alberto Véliz Luna y, previamente, el 10 de mayo de 2,017 la Corte de Constitucionalidad falló en contra de Arzú Irigoyen y ordenó que este tenía que acudir al Juzgado donde se tramitaba la solicitud para retirarle la inmunidad.
Álvaro Arzú presentó pruebas de descargo ante el tribunal el 28 de julio de 2017. La Sala Segunda de Apelaciones dictaminó que Arzú no cometió delito por acción u omisión cuando le dijo a vendedores de El Amate el 9 de junio de 2016: «Si la Policía Municipal los saca -vendedores ambulantes- a garrotazos, es violación a los derechos humanos. Pero si lo hacen ustedes, parte sin novedad. Así que les voy a dar unos leños de este tamaño y unos chalecos de la muni para que los vayan a sacar a morongazos».
La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por Gustavo Dubón, rechazó retirarle la inmunidad al alcalde de la ciudad capital, Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, por lo que no podrá ser investigado por el delito de incitación a la violencia, solicitado por el Ministerio Público.
Los magistrados que integran esa Sala consideraron en su resolución que: El discurso que pronunció el funcionario fue en “son de broma”, y no hubo mala intención. Los magistrados estimaron que las frases de Arzú fueron «en son de broma, ya que las mismas lo que causó en el auditorio fue risas y aplausos, y no con el ánimo de incitar a la violencia y llevarla a la práctica ni en forma alguna su intención fue formar grupos ilegales como se denuncia». Y todo en paz.
Como decía la tía Catocha “Me monto en un potro para que me cuenten otro”. No me explico en dónde estaban los entes encargados de protegernos de la impunidad cuando eso ocurrió, pero lo cierto es que esta navega con el viento a vela abierta cuando conviene.
Desgarrador lo que ocurre por donde se vea. Lástima por nuestra patria… Guatemala.
