Hay una profunda nebulosa sobre la forma en que se desarrolló la reunión entre el Presidente Morales y el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, pero si nos atenemos a lo que el mismo Presidente le dijo a los empresarios, tanto en Casa Presidencial como en la Nunciatura, el eje de la reunión era señalar que el Comisionado Iván Velásquez se había apartado del mandato de la CICIG y, en efecto, el punto tercero del comunicado oficial dice que: “Durante el encuentro se dialogó sobre los logros del Gobierno (¿cuáles?) en la lucha contra la corrupción y se planteó la necesidad de que la CICIG se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento, y al ordenamiento jurídico y constitucional de Guatemala”, lo que significa, literalmente, que no lo ha hecho.

Revisando el mandato de la CICIG tenemos que entender que ninguna de las acciones que ha emprendido la Comisión está apartada de su mandato y que, por el contrario, ha actuado en exacto cumplimiento de sus deberes al tenor de lo que se le encomendó. De hecho, pues, el gobierno admite que planteó una queja por el trabajo de la Comisión, no obstante al final de la reunión el Secretario General expresó su respaldo al trabajo del Comisionado Iván Velásquez.

El tema, por supuesto, no está cerrado de ninguna manera y mientras los defensores de Morales dicen que la presentación del antejuicio ayer fue “inconveniente”, los entes acusadores consideran que la acción era necesaria toda vez que se dispuso ya de los elementos que hacían falta para iniciar la acción que persigue, en este momento, un antejuicio no para separar al Presidente del cargo, pues no hay acusación penal en su contra, sino el retiro de inmunidad para que se puedan concretar investigaciones imposibles de avanzar por ese privilegio de ley.

Hay sectores que están perfectamente enterados de lo que persigue el gobierno, porque el mismo Morales se los compartió en reuniones privadas y representantes de esos sectores les han expresado tanto al Comisionado como a la Fiscal el “apoyo” en la lucha contra la corrupción, pero con la condición de que dejen a Morales fuera de cualquier investigación para que pueda terminar su período sin sobresaltos.

Ahora el tema se centra en el Congreso, donde se tendrá que conocer el antejuicio y se entiende la importancia enorme que tuvo el pacto de impunidad que dirigieron el año pasado sectores oscuros con el Presidente y el dirigente de Creo, Roberto González, porque allí se reunieron los votos para frenar la reforma constitucional y estirar la chamarra de la impunidad.

Artículo anteriorAntejuicio que obligará a ver al Congreso y al sistema
Artículo siguienteBrasil espera recaudar 20 mil millones de dólares con privatizaciones