Por Estuardo Morán
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En economía existe suficiente evidencia que respalda la idea de que instituciones de alta calidad son fundamentales para acelerar el desarrollo económico, entendido este último como la capacidad de los países de crear bienes materiales que permitan alcanzar un nivel de bienestar económico y social alto para todos sus habitantes. Las instituciones económicas son decisiones colectivas que son el resultado de un proceso político. Las instituciones económicas de una sociedad dependen de la naturaleza de las instituciones políticas y de la distribución del poder político en la sociedad. Por lo general se distinguen cuatro tipos de instituciones: I) Instituciones para crear mercados derechos de propiedad, cumplimiento de contratos); II) Instituciones de regulación de mercados (entidades reguladoras de servicios básicos, otros mecanismos de corrección de fallas de mercados como regulación procompetencia); III) Instituciones de estabilización de mercados (instituciones fiscales, instituciones monetarias y de supervisión financiera); y IV) Instituciones de legitimización de mercados (desarrollo de la democracia y, redes de protección y seguridad social).
Uno de los principales obstáculos para un desarrollo económico exitoso es la formación de trampas institucionales, normas de comportamiento ineficientes, pero estables. La falta de mercados o mercados no competitivos (monopolios) poco regulados, la corrupción y la impunidad en general son ejemplos de trampas institucionales que han obstaculizado el desarrollo de países como Guatemala. La trampa institucional por la que ha estado Guatemala por siglos tuvo un pequeño respiro con las reformas institucionales emprendidas con la Revolución del 44, cuando se aprobó el Código De Trabajo, se estableció el sistema de seguridad social (el IGSS), se reformó el sistema educativo, se creó el Banco de Guatemala (institución pensada como una institución autónoma, aunque en la práctica es difícil que pase el test de autonomía) y se desarrolló infraestructura tendiente a mejorar la eficiencia en los mercados. La trampa institucional, en la coyuntura actual y desde la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), ha tratado de romperse enfrentando la impunidad y la corrupción casi generalizada en el país. Este esfuerzo ha sido liderado por la CICIG y el Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y algunos países genuinamente preocupados por el descalabro institucional del país y sus consecuencias sobre la economía y el bienestar de los guatemaltecos. Ese esfuerzo de lucha contra la impunidad en general y particularmente, contra la corrupción ha rendido frutos extraordinarios, pero el éxito alcanzado hasta ahora es minúsculo dado el tamaño y lo complejo que son dichos problemas en Guatemala. Por esta razón, igual que muchos guatemaltecos considero que el esfuerzo debe continuar y la sociedad honesta debe pronunciarse para que la lucha contra la impunidad y la corrupción siga el sendero trazado por esas dos instituciones líderes (MP y CICIG).
En el mediano plazo, si la lucha contra la corrupción se mantiene, se esperaría que se rompa el círculo vicioso de la trampa institucional que afecta negativamente el desempeño de la economía nacional y potencialmente se pueden alcanzar tasas de crecimiento económico altas y sostenidas, como la deseable tasa de crecimiento establecida en los Acuerdos de Paz, de un 6% anual. Esto es factible de lograr, pero se requiere mejorar la confianza y calidad de las instituciones, incidiendo positivamente en el esquema de incentivos o en el comportamiento de los individuos y las empresas. Por lo tanto, es solo a través de un esquema de incentivos eficiente en la asignación de recursos públicos y privados que se puede mejorar el clima de inversión y promover el crecimiento económico de forma sostenida. En ese sentido, es totalmente falaz argumentar que la lucha contra la corrupción y la impunidad que se libra en el país son nocivas para el clima de inversión, al contrario, el fortalecimiento de las instituciones tiende a incentivar la inversión de calidad. La inversión que se desincentiva con esta lucha, es la que se beneficia de favores o sobreexplota los recursos naturales; es decir, la inversión ineficiente si se ve afectada por la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Finalmente, el concepto de la trampa institucional está asociado a otro concepto que se conoce como la trampa de la pobreza, la trampa de la pobreza es un mecanismo de autorrefuerzo que hace que la pobreza persista en el tiempo. Si persiste de generación en generación, el efecto se conoce como «círculo vicioso de la pobreza». Si no se toman medidas para romper la trampa de la pobreza, el fenómeno se hace cada vez más complejo y difícil de solucionar por métodos democráticos regulares. Para romper la trampa de la pobreza es fundamental primero romper la trampa institucional. La falta de crecimiento económico acelerado, de políticas de generación de empleo en el interior del país y, la falta de redes de protección social eficientes y de cobertura amplia han hecho que la pobreza en lugar de disminuir aumente en el país, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2014), la pobreza general en Guatemala alcanzó un 57% y en departamentos como Alta Verapaz la pobreza se ubica por arriba del 80%. Esto, sin entrar a discutir las abismales diferencias entre el área urbana y el área rural y entre la población no indígena e indígena. El crecimiento económico que se ha observado en Guatemala es poco significativo para lograr la reducción de la pobreza, un crecimiento promedio de 3.5% anual resulta poco, dada la tasa de crecimiento poblacional, de aproximadamente 2.5%. Además, debido a la corrupción, la baja recaudación tributaria y a otros arreglos institucionales ineficientes (los famosos candados constitucionales presupuestarios, por ejemplo) el gasto social en Guatemala es uno de los más bajos de América Latina, esto limita la capacidad de la política pública para combatir la pobreza y la desigualdad. Al pobre desempeño económico habrá que agregar la forma desigual que se distribuye el ingreso. En resumen, existe un clima negativo para la inversión provocado por la trampa institucional y por la casi ausencia total de políticas sociales que beneficien a los grupos más desfavorecidos de la sociedad (población indígena y área rural).
Por las razones anteriores, la lucha contra la impunidad en general y la lucha contra la corrupción en particular, liderada por el MP y la CICIG, resultan fundamentales para quebrar la trampa institucional, construir instituciones de calidad que promuevan el crecimiento económico y combatan la pobreza y la desigualdad. Romper la trampa institucional es una condición necesaria para romper la trampa de la pobreza.
