Juan Antonio Mazariegos G.
Los hechos de violencia extrema que ocurrieron en el Hospital Roosevelt la semana recién pasada y que concluyeron con una cauda de 7 muertos y 12 heridos, pusieron en la palestra las deficiencias de un sistema de seguridad que no puede ni reaccionar ante los atentados que se producen en centros de alta condensación de personas y al que también acuden sujetos de alto perfil delictivo, elementos que al coincidir se transforman en bombas de tiempo que como en esta ocasión hizo explosión.
Para nadie es un secreto las deficiencias que enfrenta el Ministerio de Salud, atado por Pactos Colectivos que lesionan gravemente sus finanzas, al igual que otras instituciones públicas, destinando más del 85% de su presupuesto a mantenimiento y con necesidades mucho mayores de infraestructura médica que relegan a “materia imposible” la inversión en medidas de seguridad en los hospitales nacionales.
De igual manera, es del conocimiento público que el Ministerio de Gobernación no ha logrado corregir un Sistema Penitenciario en donde es posible para un grupo armado planificar, ingresar y ejecutar asesinatos o atentados con armas de alto poder y explosivos, sin importar la cantidad de medidas de seguridad que se pretendan interponer en el camino de sus objetivos; o bien, el implementar o sostener medidas de prevención o seguridad como el programa de Escuelas Seguras, el cual quedó reducido a una escasa presencia de agentes policíacos alrededor de los centros escolares que al igual que los hospitales nacionales concentran gran cantidad de población vulnerable y que deberían de transformarse en centros seguros que permitan que las personas que se concentran en los mismos puedan atender sus necesidades básicas de salud, educación u otras similares.
El Estado de conformidad con nuestra Constitución Política se organiza para proteger a la persona y en ese primer mandamiento el Estado está fallando. No es posible que el intento del Ministerio de Gobernación de implementar clínicas de salud en los centros carcelarios haya sido abortado por las amenazas y extorsiones que recibieron los médicos que fueron enviados a atenderlos. No es posible tampoco que no exista un estricto control de las autoridades cuando un preso de alta peligrosidad es trasladado a un nosocomio, en el caso que nos ocupa un grupo de pandilleros, armados y por una recompensa de 200 quetzales fue suficiente para superar la capacidad del Estado.
No se puede dejar de atender la petición de los médicos del Hospital Roosevelt o de los demás hospitales nacionales que demandan seguridad, ésta debe de ser una prioridad del Estado para que nuestros enfermos y quienes los atienden puedan concentrarse en mejorar su salud. Los hospitales nacionales son centros de alto riesgo y quienes los visitan son de las personas más vulnerables no es posible arriesgarlos más.
