Juan José Narciso Chúa

La lucha por la justicia en Guatemala ha conllevado un esfuerzo de años; sin embargo, se puede apreciar un punto de inflexión a partir de abril del 2015, cuando las movilizaciones ciudadanas presionaron para la renuncia de las autoridades, como muestras de repulsa e indignación a la corrupción que destapó el MP y la CICIG con el caso denominado La Línea.

Este punto de inflexión generó una oxigenación trascendental al sistema de justicia y a la sociedad en general, puesto que permitió la recuperación de la confianza en determinadas autoridades, principalmente aquellas investidas para ejercer la justicia como fin último del derecho. Aunque ya algunos jueces decentes y valientes habían dado muestras de “caminar contra la corriente”, como la sentencia contra el General Ríos Montt, que luego revirtió, todavía en la lógica prosistema, la Corte de Constitucionalidad, a pesar de las enormes evidencias en contra del anciano militar.

Por qué hablar de construir la justicia, cuando llevamos viviendo en democracia ya 32 años. La respuesta no puede ser simple. Primero, porque el sistema de justicia se erigió para justamente mantener la impunidad, permitiendo arreglos judiciales y sentencias ad hoc a las necesidades de ciertos grupos particulares de la población. Segundo, porque el sistema de justicia y la Corte Suprema de Justicia constituía un eslabón imprescindible para mantener el estatus, que implicaba privilegios y seguridad jurídica –entendida en este caso, como evitar que amigos o compañeros gremiales llegaran a la cárcel o aún a un proceso–, por medio de la compra de voluntades de jueces, magistrados, oficiales y otros. Tercero, porque se requiere de un proceso que revierta el espíritu permanente de transgresión –como señala atinadamente Luis Fernando Mack–, para llevarlo a un sentido de la justicia como factor de equilibrio en una sociedad.

Luego el Estado de derecho democrático, justamente se plantea como una categoría conceptual, que va más allá de la alusión permanente al Estado de derecho que muchos plantean, pero que en realidad para su propio conocimiento, este significa mantener el control de la Justicia y de los Jueces, para sus propios intereses y fines. Acá, estimado lector, usted podrá verificar cómo muchos de los que arguyen el Estado de derecho pelean porque no se juzgue ni a militares –principalmente vinculados a violaciones de derechos humanos durante el Enfrentamiento Armado Interno–, ni tampoco se puede juzgar a personalidades empresariales –pues se viola la presunción de inocencia y se afecta el debido proceso–. Eso no es un Estado de derecho, por ello, existe la necesidad de un Estado de derecho democrático, un concepto del cual se podría argumentar mucho más, pero el espacio de la columna no lo permite, que implica que todos ante la ley somos iguales y nadie es superior a la ley, sin distingos de clase, religión, raza o cualquier otra condición, así de simple.

El día de ayer se realizó un homenaje a jueces, magistrados, un ministro, un viceministro, un superintendente y dos fiscales, a quienes el Instituto DEMOS y la Fundación Propaz, les reconocieron la importancia y trascendencia de su trabajo al convertirse en auténticos constructores de la justicia, simplemente porque han asumido su papel de funcionarios públicos, pero atendiendo la premisa que “si eso es lo correcto, entonces es lo justo”, utilizando parte del excelente discurso de Anabella Rivera, Directora de DEMOS, lo cual los ha colocado a todos estos funcionarios en la historia contemporánea del país, hecho que seguramente tendrá efectos en el futuro para la Justicia, el Derecho y la sociedad en general.

Los hombres y mujeres homenajeados fueron: Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez, María Eugenia Mijangos, Juan Francisco Solórzano Foppa, Axel Romero, Juan Carlos Ruano Pineda, Juan Francisco Sandoval, Haroldo Vásquez, Nidia Arévalo de Corzantes, Thelma Aldana, Francisco Rivas y mi querida amiga, María Eugenia Morales (los últimos tres no pudieron asistir al acto).

Escribí sus nombres sin sus títulos o cargos, para justamente dimensionar que la calidad humana precede cualquier título o cargo que uno ostenta, así como reconociendo un enorme peso a sus valores, actitudes y ética, como fundamentos para su actuación, mientras que lo demás vendrá a darle la ciencia y la calidad para actuar en dicha dirección.

Sin duda faltan más, tal como se hizo mención en el acto, al desaparecido magistrado Barrientos, pero sin duda este noble y valiente grupo de ciudadanos, seres humanos de carne y hueso como todos nosotros, únicamente hacen lo que consideran correcto, por ello imparten justicia en esa perspectiva.

Este tipo de reconocimientos no son comunes en nuestro país y en nuestra sociedad, tal como dijo Axel Romero y Francisco Sandoval, que recibían con humildad y gratitud dicho reconocimiento, puesto que nunca les habían hecho un homenaje de este tipo. El pueblo necesita reconocer a sus héroes, la sociedad demanda saber quiénes en nombre de todos nosotros luchan por una sociedad justa, el país requiere de personajes como ellos que poco a poco, día a día, en silencio a veces, sin hacer aspavientos, sin alardear de alcurnia o clase, sin descansar en fortunas, únicamente haciendo su trabajo construyen para todos nosotros esa justicia que el estado de derecho democrático necesita y demanda.

Muchas gracias a DEMOS y PROPAZ por este merecido homenaje, la organización y el contenido del evento fue, simplemente, impecable. Como bien se dijo al inicio del evento: Honrar, honra.

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