Jorge Santos
A pesar de ser una semana corta para los habitantes de la Ciudad Capital, dado el feriado del 15 de agosto, el miércoles las y los ciudadanos fuimos sorprendidos por una serie de hechos de violencia que se suscitaron en el Hospital Roosevelt. Estos hechos vinculados a la liberación de un privado de libertad, terminaron con la vida de siete personas, varios heridos y el terror y zozobra en cientos de personas que se encontraban en el referido nosocomio. Este no es el primer hecho de violencia de iguales circunstancias, pero si es el primero de las dimensiones en cuantía de vidas y terror suscitado.
Pero este no era, ni iba a ser el único hecho de violencia durante esta semana, dos días antes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) eran víctimas de grupos armados e ilegales que bajo el amparo de impunidad atentaban contra las autoridades policiales. Además y aunque sin gran impacto mediático, o al menos no en la misma dimensión que si lo tuvieron los hechos en el Hospital Roosevelt, por la tarde de este fatídico miércoles dos juzgados distintos dejaban en libertad a dos actores que por su responsabilidad deberían guardar prisión. Por un lado Anahí Keller, secretaria de Bienestar Social durante los hechos trágicos del 07 y 08 de marzo del presente año, cuando se sometieron a actos de tortura, detención ilegal y presuntamente ejecuciones extrajudiciales de 41 niñas albergadas bajo la responsabilidad del Estado, fue puesta en libertad y le eliminaron los delitos que se le imputaban, en un claro hecho de impunidad y por ende de violencia en contra las víctimas, sus familiares y la sociedad guatemalteca. Por otro lado, otro juzgado dejaba en libertad a los implicados en uno de los casos de corrupción e impunidad impulsados desde el 2015, denominado el Bufete de la Impunidad.
Con estos hechos el Sistema de Justicia se sumaba como actor en la sensación de indefensión que la población guatemalteca mantiene frene a grupos que bajo el amparo de la ilegalidad, generan violencia, corrupción e impunidad. Pero también ese día nos enteramos que el Consejo Superior Universitario (CSU) había entregado el registro completo de estudiantes inscritos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Comisión Transitoria que fue desconocida y declarada como ilegal por el Movimiento Estudiantil. Luego de 17 años y de muchos esfuerzos las y los estudiantes lograron formar el Tribunal Electoral y convocar a elecciones como un mecanismo de retomar el control sobre la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), que durante todos estos años ha estado bajo el poder del crimen organizado y grupos de personas vinculadas a los grupos de corrupción.
Pareciera ser que si uno hace un breve análisis de todos los hechos y no los aísla uno del otro, encontrará una interconexión entre los mismos, como un plan muy bien estructurado que impulsó una serie de acciones que incluyeron muerte, violencia, terror con la finalidad de producir impunidad y hacer retroceder las acciones a favor de la justicia.
