Javier Monterroso
Hace un par de semanas el maestro en Derecho Penal Fanuel García tomó posesión como Director General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cargo que desempeñará durante los próximos cinco años convirtiéndose en el tercer director de esa institución creada en el año 2007. Su nombramiento es particularmente significativo debido a que él fue precisamente quien en el año 2001 coordinó la investigación titulada “Reorganización del servicio de ciencias forenses para la administración de justicia en Guatemala”, en dicha obra se analizan los sistemas forenses de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y del Estado de Virginia, en Estados Unidos de América, la conclusión principal de esa investigación era la necesidad de crear un Instituto de Ciencias Forenses que concentre los servicios forenses y de análisis criminalístico, es decir el Inacif.
Antes de 2007 los servicios criminalísticos se encontraban dispersos en tres instituciones: las morgues pertenecían al Organismo Judicial, los laboratorios balísticos y de huellas dactilares estaban en la Policía Nacional Civil y los laboratorios químico biológicos en poder del Ministerio Público, la descoordinación, retrasos e incluso resultados contradictorios impedían una adecuada investigación, sobre todo en delitos graves como homicidios y violaciones en los cuales la impunidad alcanzaba el 99%.
A partir de la creación del Inacif se concentran todos estos laboratorios en una institución, se adquiere equipo sofisticado y se aumenta el personal permitiendo una mejora sustantiva en apoyo a la investigación criminal de la PNC y del MP. En buena medida los peritajes balísticos, químico-biológicos, ADN y las necropsias han permitido una mejora sustantiva en la investigación de los homicidios y los crímenes contra mujeres, lo que a su vez ha llevado a la condena de numerosos delincuentes y una disminución sostenida de este tipo de delitos a nivel nacional.
A pesar de ello falta mucho por hacer, la institución necesita más personal, mejorar sus sistemas de controles internos, hacer más eficaz la coordinación con el MP, disminuir la mora de casos pendientes de dictamen y mejorar la atención a las víctimas, estos y otros son los retos de la nueva administración, pero también requiere del apoyo del Congreso de la República para más financiamiento y de las otras instituciones que conforman el sistema de justicia para operar mejor.
Además, aunque ya se cuenta con una institución que realiza los peritajes científicos sobre las evidencias recabadas, falta mejorar la recolección de las mismas, y esta función le corresponde a los detectives que deberían estar en la Dirección General de Investigación Criminal (Digicri), creada en el año 2012, pero que no ha sido implementada y al parecer no es prioridad del Ministro de Gobernación ni del MP, que deberían tener claro que mientras no se mejore la investigación criminal policial se mantendrán altos índices de impunidad.
