Oscar Clemente Marroquín
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A la luz de las investigaciones que se han realizado y que generaron ya procesos penales en contra de los corruptos, podría pensarse que todo el problema se originó cuando empezó la campaña presidencial del Partido Patriota, alcanzando su máximo durante la administración de Otto Pérez y Roxana Baldetti, puesto que desde La Línea hasta el más reciente, el de los contratos de construcción, todo está centrado en funcionarios de ese régimen.
Yo sostengo que la corrupción viene de lejos y que puede haberse hecho más notoria por el extraordinario cinismo, especialmente de Baldetti, Pérez, Sinibaldi y Archila, pero que ni por asomo el asunto se queda con ellos nada más. Por el contrario, estimo que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad tienen la obligación de avanzar en otros frentes para ser coherentes con lo que ha dicho tantas veces don Iván Velásquez sobre el carácter estructural que tiene ese vicio en la forma en que opera en el país. Para que llegue a ser un tema estructural tiene que demostrarse la existencia de las enormes redes que durante décadas se han dedicado a esquilmar al Estado y a aprovecharse de los recursos que tendrían que haber servido para promover no sólo un significativo desarrollo humano, sino también un notorio desarrolló de la infraestructura del país.
Cierto es que es más fácil seguir pistas que se derivan del mismo Caso La Línea, en el que las escuchas telefónicas resultaron providenciales para ir atando cabos sobre la forma de operar de las mafias que tienen capturado al Estado. Pero hay que ver que las prácticas no fueron inventadas ni por Pérez o Baldetti, ni por Monzón o Sinibaldi. Se trata de que ellos continuaron -incrementando sus ganancias como ha sucedido en cada período- las operaciones que se venían haciendo desde hace mucho tiempo. En tiempos de Ramiro de León Carpio era conocida la existencia de oficinas en las que los proveedores, especialmente de medicinas, tenían que tramitar el pago de los adeudos del Estado mediante el pago de sobornos adicionales. Y es muy probable que ya en los gobiernos de Cerezo y Serrano se hubiera operado de esa manera.
Aún reconociendo que es más difícil seguir pistas mientras más tiempo transcurre, hay casos que todavía están relativamente frescos como para realizar investigaciones profundas. El Transurbano es uno de ellos y se viene hablando desde hace muchos meses del tema sin que se produzca ningún resultado y es muy probable que los involucrados hayan tenido tiempo suficiente para ir borrando pruebas y eludiendo sus responsabilidades por esa tardanza que no me atrevo a llamar maliciosa, pero que despierta muchas sospechas.
Si llegamos a establecer la verdadera dimensión del carácter estructural que tiene la corrupción en el país tendremos que entender que la solución no está únicamente en estos procesos penales sino en la necesidad ineludible de modificar procedimientos y normas que regulan compras y contrataciones y que debemos establecer una auténtica rendición de cuentas. De lo contrario, la gente podrá tragarse la patraña que regaron tras el gobierno de Portillo, de que la corrupción empezó y terminó con ese Presidente, lo que dejó campo abierto para mayores y más gruesas picardías.
