Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), luego de analizar distintos estudios e investigaciones, al referirse sobre la sostenibilidad fiscal y desigualdad (2016), en lo conducente concluyó en que el crecimiento y la reducción de la brecha desigual son procesos que deben enfrentarse en forma simultánea, ya que a menor diferencia mayor estabilidad social, económica y política; consecuentemente, mejores condiciones para un crecimiento sostenido, por lo que recomiendan incentivarse y monitorearse los pactos fiscales que tengan como marco la responsabilidad fiscal y consideren reformas a los sistemas tributarios, la eficiencia del gasto público y el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe “Concepción sólida de las políticas: la manera eficiente de reducir la desigualdad” (2014), al considerar la experiencia de economías avanzadas se refirió a la manera eficiente de reducir la brecha desigual en las sociedades, resaltando como buenas políticas sociales, las tendientes a brindar apoyo a las personas desempleadas, el reconocimiento de la culminación de la labor productiva; y la inversión financiera en los sectores salud, educación y vivienda; sin embargo, entre las eficientes políticas fiscales destacó la implementación de tributos con gravámenes graduales, donde la progresividad exigida permite justamente que el sacrificio fiscal de los tributarios recaiga en proporción al acrecentamiento de la riqueza de los obligados, siendo de suma importancia entonces el insistir sobre las ventajas que pueden producir las correctas políticas sociales y fiscales en los estados.
En Guatemala continúan los factores tributarios y extratributarios que influyen en la desigualdad y que fueran identificados por la referida institución (2011), por ejemplo se pueden mencionar, entre otras, la persistencia de sectores y actividades difíciles de gravar como las pequeñas empresas, las actividades agrícolas, los profesionales, el comercio electrónico y la actividad extraterritorial; una Administración Tributaria técnica y tecnológicamente débil (que debe acudir a la intimidación mediática y judicial o depender de exoneraciones fiscales para aumentar el ingreso tributario no ordinario y así reducir en la manera de lo posible la brecha fiscal sí ordinaria); una moral tributaria baja (impulsada principalmente por lo complejo del sistema tributario que es extenso y complicado, injusto por contener alicientes para el que incumple, sin incentivos para el que cumple y estar plagado de beneficios fiscales; además, por ser poco controlado ya que es fácil de eludir y resulta difícil el ser descubierto); la dependencia de los ingresos recaudados de los contribuyentes grandes; las políticas económicas basadas en la atracción de inversiones (ahora debilitadas por la inestabilidad política y jurídica que muestra el país); y, sin políticas de competitividad definidas (aún no contamos con una ley que establezca claramente las reglas para competir en igualdad de condiciones). A ellas hay que sumarle que persiste la concentración de la propiedad y la riqueza, y que sigue en aumento la evasión y el contrabando aduanero.
Por lo anterior, es necesario un pacto fiscal para enfrentar la pobreza y reducir la brecha de la desigualdad, en búsqueda de una estabilidad social, política y económica.
