Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En Estados Unidos es muy delicado el tema del cabildeo o lobby porque siendo el acto de trabajar legítimamente para influir en diputados o funcionarios a fin de que apoyen determinada propuesta, en el pasado se prestó a corrupción y debido a ello la legislación sobre la materia es muy estricta. Nadie se hará cargo de ningún cabildeo sin conocer el origen de los fondos con los que le pagan porque la ley obliga a declarar a quién se está representando.
Por ello es que el caso de los diputados que quieren mantener en secreto a los «filántropos» que supuestamente quieren mejorar la imagen del país es mucho más grave de lo que pueda pensarse, pues en el fondo aquí hay un delito que podría llegar a ser de lavado de dinero porque son auténticos testaferros que sirven a oscuros intereses que, valga la redundancia, pretenden seguir en la más profunda oscuridad. Son los mismos a los que el amigo del Presidente, el tocayo de Santa Claus, sirvió cuando contactó a esa firma de cabilderos, acto que no pudo realizar sin el conocimiento de su jefe y amigo, el mismo que ya no pudo ocultar su desprecio al MP y la CICIG por el Caso Botín Registro de la Propiedad.
Por supuesto que para muchos, encabezados por el mismísimo Jimmy Morales, lo que está ocurriendo es absolutamente normal y forma parte de nuestra cultura o «educación», como le dijo el Presidente a Jorge Ramos. Tan es normal que se ha aceptado por todos los poderes reales del país que hay que ir moderando esa «babosada» de la lucha contra la corrupción porque la misma ha tenido el efecto, según ellos, de detener el ritmo de la actividad económica y detiene la inversión pública porque los funcionarios tienen miedo de terminar presos.
Esa cultura de corrupción es la que hizo socialmente aceptado el argumento de que no tenemos que andar cambiando la Constitución para mejorar el sistema de elección de los jueces ni, mucho menos, pensar en arrebatar el sagrado derecho de antejuicio para los políticos que hacen micos y pericos con el erario. Y para cerrar verdaderamente el círculo se metió el ingrediente ideológico, el eterno petate del muerto de la cultura chapina, colocando como subversivos a los que quieren cambios.
Si en los registros de Estados Unidos aparecen como gestores del cabildeo los diputados que encabeza Linares, quien ya dijo que son empresarios los que darán el dinero para pagar a los cabilderos, evidentemente hay un dato falso porque Linares sería apenas un presta nombre o testaferro de quienes realmente financian la operación.
El caso es que se ha destapado mucho más de lo que inicialmente se supuso cuando se habló de la firma de lobby contratada en Estados Unidos. Ayer explicamos en primicia cómo es que el objetivo es acabar con el financiamiento a la CICIG y otros medios han replicado la información, entre ellos algunos que lo hicieron muy precisamente, hasta reproduciendo párrafos de la nota de La Hora.
