En Guatemala hay expectativa por las reuniones entre representantes del gobierno de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. La verdad es que dicho plan tal y como fue planteado en un inicio ha fracasado. La diferencia está en que los países centroamericanos han querido que se enfoque únicamente en la generación de condiciones de inversión, sin querer entrarle al tema del fortalecimiento de las instituciones del Estado, de la Justicia, el combate a la corrupción y una reforma para recaudar lo necesario en la construcción de países que generen oportunidades para sus ciudadanos.

Esa lógica termina con los argumentos normales de no querer pagar impuestos para que se los roben los funcionarios, ya que con Estado de derecho y políticas anticorrupción se elimina el argumento. Y nos debe servir de ejemplo que sin esfuerzos de este tipo hasta el sistema de financiamiento de campañas políticas ha quedado en evidencia, no digamos la partición del pastel de los contratos, los beneficios fiscales, evasión y defraudación.

Pero esos temas que los países centroamericanos no han querido aceptar para aplicarlos internamente, son los que irán a «vender» como logros. Lo hemos visto con la visita de Jimmy Morales a Francia donde dijo que la situación fiscal del país gracias al esfuerzo de su Gobierno es totalmente otra, aun cuándo localmente ha cuestionado la operación de la SAT para forzar al cumplimiento de las responsabilidades.

Lo mismo pasa con el tema de la Justicia. Lo exponen como «logro» del Gobierno y como resultado de los esfuerzos de esta administración sin mencionar que el encargado actual del Plan está nombrado desde el gobierno del Partido Patriota. El único país que no incluyó en su delegación al Jefe del Ministerio Público ha sido Guatemala y el Plan como tal no ha otorgado un solo centavo a la Fiscalía General para hacer su trabajo.

Ahora, si la importancia en el tema de la justicia está en la dimensión real en que la quieren presentar, ¿qué tan difícil puede ser colocarlo como punto primordial en la agenda desarrollo que se quiere impulsar?

El panorama es claro. Vender como avances los logros en política fiscal y combate a la corrupción es fácil. Impulsarlos como política de Estado hace falta y la mejor forma de verlo es que quienes están impulsando la agenda del Plan de la Alianza son los mismos a los que una ley fuerte podría perseguir en el futuro y eso no les conviene.

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