Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Cuando en Guatemala solo caían mareros, delincuentes y/o alcaldes de poca monta, nadie decía ni pío de que las autoridades presentaran a los capturados ante la prensa sino fue hasta que en el país la justicia se empezó a dirigir en contra de personajes poderosos que se pegó el grito al cielo, algo así como pasó con el tema del abandono y secuestro del Sistema Penitenciario.
La Constitución es clara en su artículo 13 de que no se puede presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por un tribunal competente y eso debe pasar dentro de las 24 horas de su captura.
Para indagar más sobre el asunto, hablé con un exfiscal, con un juez y con un exmiembro de la Policía y traslado un poco de lo discutido. Para empezar, me dijo uno de ellos, este es el típico caso que ejemplifica cómo el abandono en el que ha caído el Estado obliga a hacer las cosas mal.
Y ante eso pregunté ¿por qué? La respuesta fue sencilla: porque el artículo 12 de la Constitución establece que “ninguna persona podrá ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente” y como los artículos 6 y 9 de la Carta Magna fijan plazos de 6 horas para ser consignado ante juez y 24 horas para realizar el interrogatorio, “nos topábamos que cuando no se cumplían esos plazos, la gente pensaba que se le había dado muerte al capturado o era juzgado en Tribunal ce Fuero Especial”, me dice el expolicía.
Y según el fiscal, “eso derivó en una necesidad de presentar al detenido para que se supiera que no se le estaba violando su derecho porque las familias interponían recursos de exhibición personal y en un caso tuvimos que soltar al sindicado y todo el problema derivó en que los tribunales estaban saturados, entonces no se le pudo presentar ante el juez y no se le pudo tomar su declaración en tiempo”.
“Y no es que no queramos escuchar a los sindicados”, dice el juez, “lo que sucede es que la carga de trabajo es tal, que no siempre tenemos tiempo, porque quienes están en una cárcel provisional también tienen derechos y también hay plazos a los que nos debemos sujetar en base a las audiencias que se programan” y agrega “por eso es que urgen reformas para evitar el litigio malicioso y urge fortalecer la Carrera Judicial porque así pueden haber más jueces que oxigenen el sistema. Hay mucha gente que no se quiere meter a ser juez, porque todo es muy político”.
Y me di a la tarea de indagar más sobre el tema por varias razones: una, porque la violación al precepto constitucional se da con todos, mareros y delincuentes de cuello blanco por igual, aunque para muchos solo importa cuando son los segundos los afectados.
Dos, porque hay que cumplir con lo que manda la Constitución (en ese y otros temas), pero también para eso es importante reformar la Justicia porque la saturación es tal que no se pueden cumplir los plazos establecidos para presentación e interrogatorio y al no cumplirse, corremos el riesgo de que se violen derechos humanos (que cuando protegen a delincuentes de pedigrí ya no son izquierdos humanos).
Tres, que es importante garantizar que durante el plazo previo al que se les presenta e interroga nadie sufra vejámenes en sus derechos y por eso, una vez más, es necesario reformar la Justicia para garantizarle a todos, el respeto a sus derechos.
Es importante que se note cómo los vicios que se alegan se resuelven con reformas a las que se oponen los mismos grupos que se quejan de los vicios y eso genera un círculo que es de nunca acabar porque señalamos problemas, pero a la vez, atajamos las posibles soluciones. Señalar un problema y oponerse a solucionarlos es igual a no querer que se solucione y ahí es en donde viene el discurso se separa de los hechos.
