Francisco Cáceres Barrios
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La Constitución de la República estableció un régimen para el control y fiscalización para todo aquel funcionario o empleado de una entidad o de los organismos del Estado, municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como a las personas que reciben fondos del mismo, el que hace colectas públicas o bien para los contratistas, como cualquier otro que por delegación del mismo invierta o administre fondos públicos, deben cumplir con la ley. La Contraloría General de Cuentas -CGC- es la institución técnica responsable de cumplir esa misión pero, como en el pasado muy poco lo hacía, ahora hay muchos que están molestos sin razón ni fundamento.
Si la Constitución establece que la Contraloría debe fiscalizar todos los ingresos, egresos y en general todo interés hacendario ¿a qué viene tanto aspaviento? ¿De qué cuenta los diputados disponen armar un frente para rechazar o reprochar las labores de auditoría y control? ¿Por qué calificar los reparos de cuentas como asuntos puramente políticos? ¿Quién les cree la tremenda alharaca para decir que el dinero público que manejan lo hace de forma transparente y, algunos más atrevidos, califican de estúpidos los reparos, como que sus acusaciones son falsas, cuando si a los reclamantes les asiste la razón simplemente, siguiendo el debido proceso, con desvanecer los cargos todo podría quedar aclarado?
No cabe duda entonces que la CGC los tenía muy mal acostumbrados, fuera porque los presidentes de los organismos del Estado eran los primeros en llegar a ocupar sus cargos no para trabajar en beneficio del país y de su población, sino para llenar sus bolsillos, algunos un poquito y otros en bastedad, tal y como lo hemos comprobado durante el desarrollo de los juicios que ahora se ventilan en los tribunales. Hasta el mismo Contralor podrá estar sorprendido por las tremendas olas que levantaron sus reparos, pero poco debe importarle, puesto que si es verdad que todo ha sido manejado correctamente dentro de los marcos legales y de honestidad prontamente podrán quedar aclarados o sancionados.
Si nuestros políticos al menos leyeran la Constitución ninguno tendría por qué molestarse o sentirse ofendido, al contrario, debieran aprovechar esta oportunidad para demostrarle a sus posibles electores que su honradez, honestidad y transparencia está a toda prueba. De ahí que se están ahogando en un vaso de agua, puesto que bien dicen los refranes populares: «no basta ser honrado, sino que hay que demostrarlo» y «quien se encuentra limpio, ni de jabón necesita». Ahora bien, si los diputados en su desvarío continuaran pensando en armar un frente contra la CGC, al pueblo le va a tocar hacerlo en contra de los diputados. ¡Para luego es tarde!
