Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
A veces uno tiene que preguntarse si son o se hacen. ¿Cómo puede el sector privado organizado mantener la cantaleta de que necesitan reglas claras para atraer inversión si al mismo tiempo torpedean las reformas al sector justicia que tendría que ser el garante de esas reglas claras mediante el fin de la impunidad? Mientras subsista la corrupción, que tan conveniente resulta a muchos, no puede ni siquiera hablarse de reglas claras porque aquí en Guatemala los negocios, las concesiones o las licencias, se obtienen pagando mordida y eso anula el concepto del Estado de Derecho que tiene que ser el fundamento de las cacareadas reglas claras y de la certeza.
Recordemos que ese sector privado dijo, inicialmente, que se oponía a las reformas constitucionales por el tema del derecho indígena y se volcó con todo su poder a rechazar la iniciativa en su conjunto. Cuando las Autoridades Ancestrales dieron la enorme muestra de madurez y civismo al pedir que se retirara el tema para evitar que fuera usado como pretexto, surgen otros argumentos porque en el fondo lo que hay es resistencia a que se puedan implementar cambios que permitan integrar un poder judicial capaz de ser garante del Estado de Derecho.
Actualmente para muchos es muy conveniente disponer de un sistema de justicia que opera tal y como quieren los que manipularon las postuladoras y los operadores que movieron pitas en el Congreso para hacer la elección de magistrados. Pero nadie, absolutamente nadie, puede negar que vivimos en un reino de impunidad y que ese vicio es el gran alentador de la corrupción porque la única certeza que hay, la única regla clara existente, es que aquí el castigo es una opción verdaderamente remota, aún a pesar de las investigaciones que con medios científicos se han efectuado por parte de la CICIG y el Ministerio Público. La prueba es la forma en que han logrado empantanar todos los procesos recurriendo a la vieja maña del litigio malicioso que aquí se convierte en litigio beneficioso para el delincuente.
Yo quisiera que la dirigencia del CACIF explique cómo pueden operar reglas claras cuando la mordida o el tráfico de influencias son los procedimientos administrativos más socorridos en Guatemala. Qué jodidos se puede hablar de certeza si el origen de los negocios jurídicos es la corrupción. ¿Es certeza avalar y validar un trinquete como el de TCQ para dar satisfacción al inversionista que erogó millones de dólares para comprar a las más altas autoridades?
Una licencia, sea de construcción, explotación u operación, obtenida mediante el pago de coima no puede generar un derecho y pretender que se privilegie el principio de certeza al de la transparencia es, francamente, una absoluta falta de vergüenza y decencia. Pero en Guatemala, donde hemos perdido por completo el concepto de la honestidad, nadie se sorprende al ver que pretenden consagrar como certeza y reglas claras la validez de los más asquerosos negocios jurídicos que surgen a la vida como resultado de componendas entre particulares y funcionarios indecentes que se hartan de pisto vendiendo el alma al diablo.
