Cada vez que se menciona un Pacto Colectivo del Estado nos viene de inmediato la idea de una negociación hecha con malas intenciones y disponiendo de recursos que, al ser públicos, son tratados sin el cuidado mínimo que requeriría de parte de los funcionarios de turno.
Es una vergüenza lo que se va sabiendo del Pacto Colectivo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como ha sido también lo que ya hemos sabido sobre el del Congreso de la República y el mayor de todos, el del magisterio.
El sentido original de dichos pactos era para garantizar la observancia a derechos y beneficios justos para una clase trabajadora. Realmente lo que se busca es que el ritmo de la economía no vuelva insuficiente el acuerdo de remuneración entre patronos y empleados, especialmente, de grandes operaciones como es el caso de los salubristas, los maestros y también en algunas actividades privadas en las que negociar uno por uno con los empleados se vuelve imposible.
Pero resulta que nuestros ya conocidos políticos se han dado a la tarea de utilizar los recursos del Estado con total desprecio para comprar la voluntad de quienes le pueden significar un falso apoyo en vez de un problema interno por oposición del sindicato.
Aquellas épocas en que los sindicalistas tuvieron que pelear para ganarse un espacio en Guatemala han quedado muy atrás y en el olvido cuando lo que tenemos ahora en su mayoría son chantajistas que se aprovechan en el servicio público y pactan con los corruptos que ejercen el poder.
Recordemos que muchas de estas plazas han sido utilizadas en el pasado como botín político para los activistas de los partidos que hacen proselitismo a favor de quienes resultan ganadores en las elecciones generales. Es así como se hizo también la tradición de que los diputados podían “pedir” plazas para sus allegados.
Esto que se ve como tradición es simplemente otro ejemplo de lo podrido que es el sistema electoral y de partidos políticos del país. Una muy buena parte de los Pactos Colectivos debe atribuirse a esas dos razones: Mantener “contenta” a una dirigencia chantajista y repartir los recursos del Estado a una “fuerza” electoral.
Lo que hemos oído de la irresponsabilidad con que se aprueban sin siguiera seguir los mínimos métodos técnicos de análisis y viabilidad financiera; la gestión de abogados y “líderes” que se ganan millones; y la complicidad de las autoridades al comprometer recursos que simplemente no alcanzarán, nos tiene que obligar a denunciar todos los Pactos Colectivos que se han firmado con el Estado de Guatemala.
