Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
Pareciera que aprender de lecciones vividas es imposible para Guatemala, luego de que cada verano año tras año, los incendios forestales consumen el ecosistema en distintas partes del país, pero especialmente en Petén, las Verapaces y los lugares donde la ausencia del Estado es tan notoria, como el hecho de que la flora y la fauna desaparecen lentamente.
Y se trata de una ausencia de Estado, y no solo de gobierno, puesto que a pesar de conocer esa realidad que se vive en lugares lejanos a las urbes y que tienen, en este caso del 2017, condición de “áreas protegidas”, la no existencia de políticas públicas en materia de protección a estos espacios vivos de animales, plantas y árboles de distinto tipo, pareciera que no afecta a la mayoría de personas que habitamos el país. Es lamentable la indiferencia manifiesta de parte de las oficinas públicas para la protección ambiental, los Consejos de Desarrollo municipal y departamental, y hasta las propias entidades sociales de protección socioambiental.
La conexión entre los desastres ambientales y la sociedad se puede identificar en dos etapas; la emergente, cuando el humo, el fuego y los residuos hacen peligrar a las comunidades cercanas o aledañas, y por ello las autoridades deben invertir en procesos de acompañamiento y rescate de los afectados. El riesgo socioambiental en su máxima expresión. Pero una segunda etapa, por demás importante, es dejada a un lado, y que hace inevitable repetir las emergencias año tras año. Los procesos de prevención y resguardo de esas áreas boscosas para evitar el daño ambiental en laderas y bosques son desconocidos, así como el hecho de que los incendios restan oxígeno al mundo entero, sin que esto pareciera ser de mucha preocupación para sociedad y poder público. Por eso el Estado se ha vuelto insensible a este problema de fondo. ¿Cuánto tardará un nuevo bosque en surgir, si se plantara el día de hoy?
Establecer políticas públicas de esta naturaleza es establecer con seriedad una agenda socioambiental determinada. Es asignar recursos, fortalecer capacidades institucionales, educar y hacer emprendedora a la comunidad para que los cuide, y significa por supuesto, responsabilizar a quienes con dolo o culpa, provocan o descuidan las áreas, y que con ello se produzcan los fuegos y la muerte ambiental de distintas especies.
Presidente y Vicepresidente han manifestado, en conjunto con otros funcionarios públicos y municipales, su gran preocupación por los hechos; dejando ver inclusive, una posible mano criminal de grupos del crimen organizado. Su preocupación no debe ser solo por el ahora, sino también cuando se discutan presupuestos públicos, escenarios de prevención, fortalecimiento y financiamiento de instituciones ambientales, para que en el 2018 no se repita de nuevo las mismas circunstancias.
A este ritmo de gestión, Guatemala tendrá para el 2025 un récord de haber acabado con la biosfera maya, de ahuyentar fuera de su hábitat a fauna silvestre y a consumir en las llamas pulmones naturales para un ya contaminado mundo. El medio ambiente es parte del derecho al desarrollo de todo ser humano. Exigir estos derechos es indispensable y cumplirlos también.
