Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

En los dos últimos días las noticias relacionadas con el sector justicia han sido las siguientes: Arzú recurre de amparo ante la ya célebre Sala de Femicidio para detener el proceso del antejuicio en su contra; Stalling pide amparo (y lo logra) ante la sala Tercera para detener el proceso por resistirse a su captura y además obtiene un amparo para obligar al juez a revisar la resolución que ordenó su prisión preventiva; Gustavo Alejos recusó a la jueza Sexta de Instancia Penal para que no continúe conociendo el Caso Negociantes de la Salud; jueza se excusa de conocer el caso Serrano Elías por señalamientos en su contra; «Rey del Tenis» recusa a juez que conoce su caso; sindicados frenan audiencia de etapa intermedia en el Caso Negociantes de la Salud y, finalmente, un amparo de la CC, integrada por mayoría de suplentes, resolvió a favor de Roberto Barreda para que se tenga que repetir la audiencia de apertura a juicio, lo que retrasa un año todo el proceso por la muerte de Cristina Siekavizza.

Se trata apenas de una muestra, en dos pinches días, de la forma en que el litigio malicioso forma parte de nuestro sistema de justicia, ese mismo que ahora tanta gente defiende a capa y espada porque no quieren que haya ningún cambio, no obstante que la cooptación es más que evidente. Y luego los sindicados, los mismos que se han encargado de entrampar la marcha de la justicia, se quejan del tiempo que han tenido que estar sometidos a proceso como si no fueran ellos los causantes de las tardanzas por la serie de impugnaciones y recursos que interponen únicamente para detener los procesos esperando que a la gente se le olviden sus actuaciones. Casos paradigmáticos en ese sentido han sido el de Bancafé y el de Rosenberg con los Valdez Paiz, para citar apenas dos ejemplos que pueden ser muy ilustrativos si uno se mete a investigar las actuaciones procesales. Y en ambos casos los sindicados luego lloriqueaban por «la lentitud de la justicia».

Por cierto que entre los retrocesos que se dieron en la negociación entre los diputados y la llamada mesa técnica de las reformas constitucionales, se accedió a una perversa forma de integrar la Corte de Constitucionalidad, misma que está en el limbo en el que metieron todo el tema de las reformas, pero que es una garantía de que finalmente siempre habrá una instancia donde se pueden componer todas las cosas, aunque se llegara a establecer un mecanismo de integración más decente de las otras Cortes.

Es absolutamente obvio que nuestro sistema de justicia, basado en las Comisiones de Postulación que han sido manoseadas por diversos sectores que necesitan mantener el régimen de impunidad, necesita reformas profundas y por ello es que se entiende que surgiera la iniciativa de una reforma constitucional porque hace falta, de verdad, establecer mecanismos de integración de las Cortes y de la designación de los juzgadores que eliminen ese juego de poderes fácticos que prostituyó las postulaciones.

Todos los procesados por casos de alto impacto esperan que pase el tiempo para atalayar la resolución a favor que les libre de severas penas y por ello es que retardar los procesos es un ejercicio común.

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