Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Desde los lejanos días del gobierno del general Arana en La Hora hemos señalado la importancia de las hidroeléctricas para generación con recursos renovables; en aquellos días el entonces Vicepresidente se opuso a proyectos que usaban agua para la generación eléctrica y el INDE se embarcó en una torpe política de instalación de plantas térmicas que luego nos pasaron una enorme factura cuando vino la crisis petrolera en el primer lustro de los años 70. Yo creo en la correcta utilización de los recursos naturales para promover el desarrollo humano.
Sin embargo, la crisis que ha provocado en nuestro país la cooptación absoluta del Estado, desde hace muchos años, ha hecho que en el tema de las hidroeléctricas pesen más el tráfico de influencias y las mordidas que cualquier estudio para asegurar que se haga uso correcto del recurso hídrico que es de todos los guatemaltecos. Conociendo cómo se administra el Estado, no podemos confiar en los estudios de impacto ambiental que, como sabemos, se venden al gusto del cliente, ni en las licencias que otorga un ministerio de Energía y Minas que ha sido el conducto silencioso de enormes negocios en nuestro país.
Creo que es un acierto de la Ley General de Electricidad promover la inversión privada en hidroeléctricas porque permite una notable expansión en la oferta de energía, pero en medio de tanta corrupción eso alentó operaciones que resultan perjudiciales para las comunidades donde se realizan. No es que uno sea suspicaz, sino que se tiene la certeza de que en los gobiernos nuestros, las autoridades firman licencias al sonido de los billetes y no al ritmo y tenor de los estudios serios que compatibilizan el uso de los recursos naturales con la protección del medio ambiente y los derechos comunales.
No es extraño que en nuestro país los funcionarios encargados de la regulación terminen siendo luego dueños o simples empleados de lujo de aquellas actividades que estuvieron bajo su control o dependieron de sus dictámenes o licencias. Ocurre con la telefonía celular, con el gas propano y no digamos con la electrificación en donde hay exministros dueños de negocios de generación, hijos de exministros que manejan hidroeléctricas y quien fue responsable de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica termina siendo el Presidente de la Asociación de Generadores. Por cierto que cito este caso en especial porque el señor Carlos Colom me visitó una vez para explicarme su función en la Comisión y en esa ocasión recordará que me dijo que una de sus convicciones era que, como pasa en Estados Unidos, nunca el regulador debe terminar trabajando para los entes que estuvieron bajo su control.
Pero del dicho al hecho hay una enorme diferencia. Y hoy las voces, como con TCQ, claman porque se privilegie la inversión aún contra la legalidad y el respeto al derecho ajeno. El precedente de TCQ fue fatal, porque con base en el mismo los generadores anteponen el “desarrollo energético del país” a la decencia y la legalidad. Debemos privilegiar lo que impulse el desarrollo, pero en el marco de la honestidad, la legalidad y la transparencia, elementos que en el sistema actual no aparecen en ningún trámite de gran envergadura ante el Estado.
