Oscar Clemente Marroquín
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Ayer fue un día de fiesta para Ángel Pérez Maura y sus secuaces, puesto que el soborno que pagaron a autoridades guatemaltecas rindió sus frutos y el contrato que obtuvo de mala manera, mediante arreglos sucios con Allan Marroquín y Otto Pérez Molina, cobró plena vigencia al iniciar operaciones la Terminal de Contenedores Quetzal en todos los términos y condiciones que le fueron otorgados producto de la mordida. No hubo ninguna revisión o cambio de los términos en que opera TCQ y simplemente se le dio validez plena al contrato que, mediante el pago de la coima, le fuera otorgado en aquella aciaga Semana Santa del año 2012.
Si las condiciones del negocio hubieran sido beneficiosas para Guatemala no había motivo para dar un soborno. Alguien paga mordida cuando quiere sacar más ventaja de lo normal y de lo legal, puesto que, de otra manera, simplemente se siguen los procedimientos y los pasos legales para competir lealmente en busca de un negocio. Es obligado entender que el contrato con TCQ fue perjudicial para los intereses del país, y por ello el empresario español pactó con Pérez Molina y compañía una coima de treinta millones de dólares, es decir algo así como doscientos treinta y cinco millones de quetzales (Q235,000,000.00) al tipo de cambio en ese momento.
Ese contrato ha sido “medio” impugnado por la Procuraduría General de la Nación, y lo digo así porque no se les ve aire con remolino y más parece que le están haciendo el juego a los herederos de los derechos de Pérez Maura. Nunca se le exigió a APM Terminals que desistiera de su defensa del contrato cuya nulidad pide, sin muchas ganas, el Estado de Guatemala, acaso porque ya tenían contemplado el escenario que ha delineado de manera eficiente el interventor que posiblemente sepa algo de leyes, pero que de decencia y transparencia entiende tanto como de los verdaderos intereses del país. Porque avalar un negocio corrupto es un pésimo precedente para continuar con la lucha contra la corrupción, toda vez que muchas de las obras manchadas por los ríos de dinero sucio pueden justificarse con base en los argumentos que usó el interventor. La carretera por la que Odebrecht pagó la mordida que salpica a funcionarios de Colom y de Pérez Molina, es importante para la red vial del país, y con el criterio del interventor habría que dejar que la continúen aunque, como con TCQ, obtengan enormes ventajas en perjuicio de los intereses nacionales.
Así como los brasileños dieron mordida para hacerse de un contrato de construcción que les permitió sobrevalorar la obra, el español dio mordida para asegurarse beneficios extraordinarios en un contrato que, ayer, fue plena y totalmente reivindicado por un interventor que antepuso sus tratos con los dueños de la Terminal de Contenedores a la necesidad de ser intolerantes y tajantes en materia de corrupción.
Falta le haría al Presidente, quien apadrinó al interventor, escuchar la postura del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en temas de corrupción para saber cuán enérgico es su gobierno en contra de las empresas que repartieron sobornos. Por supuesto, entiendo que no podemos pedirle peras al olmo.
