Guatemala fácilmente invita a quienes tanto la queremos, a ser negativos ante las situaciones que cotidianamente tenemos que enfrentar. La impunidad instalada para garantizar la corrupción y la violencia como método de eliminar conflictos, nos mantiene como un país que funciona principalmente para los que utilizan las vías del mal.
Y como ejemplo, tenemos a Terminal de Contenedores Quetzal que termina siendo de aquellos casos en que la mayoría dirá que “se robó, pero se hizo obra”. Ese pobre y ridículo argumento es el que desde hace décadas nos ha tenido en esa práctica de valorar los mediocres alcances de la administración pública.
Les guste o no, TCQ está empecinada en operar para generarle recursos a los largos dueños que pagaron mordidas para recibir ilícita y corruptamente el aval político para ejecutar la obra.
Es entendible que se califique como una obra necesaria para el país, y habría que buscar una forma legal y correcta de hacerla. Pero el empecinamiento del interventor y sus intenciones tan idénticas a las de APM, nos tienen que obligar a preguntarnos si habremos avanzado.
Es como que en el Caso del IGSS y Pisa, la empresa solamente pida perdón y el mismo interventor la eche a andar para que no se pierda lo ya invertido, protegiendo los intereses de quienes están siendo acusados por actos de corrupción.
Este caso es tan ilógico, que queremos volver al ejemplo que se utilizó desde que empezó la inexplicable obsesión de defender los intereses de quienes compraron una operación corrupta: El carro robado, vendido a un “inocente” que ahora le reclama al Estado que le haga los servicios, le eche gasolina y lo maneje para llevarle a los hijos a la escuela y al pícaro al trabajo.
Por supuesto, para todo eso necesita a un “complaciente” piloto que puede que hasta a oscuras saque el carro del predio donde se encuentra detenido. Es decir, que de verdad dudamos mucho de la integridad y la autenticidad de un interventor que se ha vuelto totalmente el “nuevo operador”, el nuevo “Allan”, de este proyecto.
Queremos que quede claro que para La Hora no se trata de apoyar intereses que, como los de sindicatos portuarios, estén comprometidos con actos dudosos. En nuestro caso se trata de que ninguna práctica corrupta e ilegal, NINGUNA, debe ser avalada.
Y esto es precisamente lo que nos motiva a seguir insistiendo, a pesar de la falsa transparencia con que se quieren repintar los casos, siguen siendo asquerosos actos de corrupción aunque quieran avalar por ser “rebonitos”. Por eso es una obligada pregunta: ¿Habremos avanzado?
