Una buena parte de la población se ha limitado a debatir sobre el derecho indígena y el pluralismo jurídico. Es un debate en el que hay más emoción que razón y los argumentos para atacar el derecho ancestral son un tanto vacíos, pero han sido efectivos en una sociedad que en ocasiones no oculta su racismo.
Pero nos llama poderosamente la atención que esas voces que se han alzado en contra del derecho indígena se limitan a eso y pasan por alto temas como el antejuicio (al que los diputados ya le pusieron candado para que siga siendo escudo de impunidad) y el hecho de que la academia siga metiendo sus manos en la elección de Fiscal General y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), corte donde, al fin y al cabo, todo se termina resolviendo.
Curiosamente, vemos con preocupación que esas mismas voces estén muy calladas en torno a lo que sucede con Blanca Stalling, lo que se entiende pues la aún magistrada despotrica contra las investigaciones por corrupción y tráfico de influencias y encuentra amigos en común que luchan por darle un nuevo rumbo a la lucha contra la corrupción y la impunidad, buscando una especie de «amnistía».
Muchas voces que enfrascan las reformas al sector justicia exclusivamente al tema del pluralismo jurídico, son las mismas voces que claman por un cese en la persecución penal o fiscal porque como tienen muchos esqueletos en el closet, temen que este esfuerzo les termine pasando factura.
Y son esos temores los que han unido a muchas personas y sectores para cerrar filas bajo el argumento de que lo que tenemos es una cacería de brujas inmisericorde, cuando en realidad lo que ocurre es lo que necesitamos para evidenciar la podredumbre.
Claro que no solo basta con evidenciar la podredumbre del Partido Patriota, urge ir más allá, ver otros gobiernos y otras municipalidades (que no sea Chinautla) y así cambiar las reglas del juego para que esto no sea como la «lucha» contra el narcotráfico, donde caen los capos pero el negocios y las rutas siguen operando.
Por eso es que quienes se oponen al derecho indígena están llamados a debatir más allá de ese punto, puesto que es irrefutable que el país bajo este sistema y en tales condiciones no ofrece futuro para los honrados, de cualquier sector, que buscan jugar al tenor de las reglas, enfrentándose a miles de mafiosos a los que no les importa la ley. Así no hay futuro y especialmente, los más necesitados seguirán siendo marginados en el reinado de la impunidad.
