Jorge Mario Andrino Grotewold
• @jmag2010
Una de las más importantes funciones de un Congreso en cualquier país, es el de investigar las necesidades de su población, para luego mediante un proceso de análisis técnico y debate político, introducir mecanismos legislativos para lograr resultados de beneficio. Esta función es impuesta por la mayoría de las Constituciones y en Guatemala no es la excepción. Es el fundamento por medio del cual diputados y diputadas son electos de forma directa, en una democracia representativa. La población reconoce que son agentes de cambio.
Alcanzar este proceso no siempre es fácil. Aspectos ideológicos, intereses privados y la corrupción regularmente se mantienen alrededor de los organismos del Estado en cualquier país, y solo mediante un estándar ético de sus integrantes, una profunda participación social y un fortalecido Estado de derecho, es que los gobiernos logran contar con legislación funcional para el beneficio de toda la población.
Por ello llama la atención, que iniciativas que tienden a realizar acciones contrarias a esos intereses del Estado, y en específico a promover incentivos fiscales para sectores específicos, sean inclusive tomados en cuenta dentro de la discusión política, sabedores que el incentivo económico a sectores productivos solo es viable cuando este está decayendo y su desaceleración conlleva pérdida económica a nivel local o nacional. Dotarle de incentivos fiscales a empresas que inclusive han reconocido que no pagan impuestos, contraviene la más alta lógica de cualquier Estado y de quienes tienen en sus manos legislar para el desarrollo. Además de ello, no solo eliminando obligaciones tributarias puede estimularse económicamente a los sectores productivos. Recetas económicas hay muchas, y expertos que las conocen también.
Claro está que los organismos Legislativos no están solos en estos complicados procesos. Se hacen acompañar, inteligentemente, por técnicos especialistas de la materia, que desde el propio rigor del Estado opinan al respecto; o bien por entidades no gubernamentales o de cualquier otra índole, que faciliten los procesos de entendimiento, atendiendo a que el bien común prevalece sobre el particular. Es decir, el beneficio de la población no puede ser sometido al de un grupo en específico.
En un país como Guatemala, donde se ha demostrado que el crecimiento económico ha sido sostenible, pero que este no equivale a una adecuada distribución de la riqueza; en donde se denota una ausencia de una cultura tributaria de su población y una carencia del Estado para hacerla coercitiva, es impensable un beneficio fiscal para un grupo, pero si un estudio serio de análisis y propuesta minuciosa para estimular la economía del sector, sin atentar contra la estabilidad del Estado y su función de brindar oportunidades de forma equitativa.
