Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La cancelación del Partido Patriota por incurrir en financiamiento electoral ilícito, debe servir para un serio análisis de nuestro sistema de partidos políticos porque en Guatemala no existe ninguno que haya surgido como un auténtico instrumento para promover la participación ciudadana ya que todos, sin excepción, se forman con los amigos de un pequeño caudillo o simplemente con la intención de vender la “ficha” al mejor postor una vez inscrito legalmente.
Todavía a mediados del siglo pasado existieron partidos que tenían una orientación ideológica que era la razón principal de las organizaciones y alrededor de esas ideas era que la gente se afiliaba y trabajaba con mística en sus comunidades. Eran épocas en que el activismo voluntario era más importante que el financiamiento electoral y la calidad de los dirigentes era esencial para nutrir a las organizaciones de una fuerte militancia. Los conservadores se sentían cómodos y bien representados por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) o el Partido Institucional Democrático que fue organizado por militares en tiempos de Peralta Azurdia. En el otro lado del espectro democrático estaban organizaciones como el Partido Revolucionario que se autoproclamaba como heredero de la Revolución de Octubre, la Democracia Cristiana con su fundamento en la doctrina social de la Iglesia y los incipientes Frente Unido de la Revolución y el Partido Socialista, “asesinados” justamente cuando el gobierno ordenó el asesinato de sus líderes, Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr.
Con la “apertura democrática” decretada en la Constitución vigente, se facilita la organización de partidos y surgen incontables proyectos entre los que destaca, como primer partido-empresa, la UCN de Jorge Carpio, siendo su carta de presentación la ausencia de ubicación ideológica por lo que se presenta como el “centro”.
Hoy en día no existe en el país un partido político, ni siquiera los derivados de la guerrilla, que en realidad funcione en el marco de planteamientos ideológicos y de una visión de país que corresponda a esas ideas. Por el contrario, todos los partidos sin excepción, son entidades para las que el afiliado es apenas un requisito para lograr la inscripción sin que se les vuelva a tomar en cuenta para nada.
Y sin partidos políticos no puede funcionar un sistema democrático que obliga a canalizar la participación ciudadana a través de esos instrumentos. Constitucionalmente en Guatemala para optar a cargos públicos de elección, salvo en el caso de las municipalidades, se obliga a que el candidato sea inscrito por un partido político, lo cual ha generado ese sucio modelo en el que las candidaturas se sacan a subasta para entregarlas no al más calificado, sino al que ofrece más dinero a cambio.
La reforma del sistema político de Guatemala no se logra con tibias reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sino que tiene que ser resultado de acciones que depuren, para empezar, a los partidos.
Al día de hoy, hasta la elección de una Constituyente resultaría en un calco del Congreso que tenemos, porque serían los mismos partidos los que propondrían candidatos. Es un callejón sin salida y un nudo gordiano que los ciudadanos debemos tratar de desatar.
