Isabel Pinillos
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Al iniciar 2017, toca evaluar el tema migratorio en este cambio de año, encontrando algunos indicadores importantes que nos confirman que las migraciones siguen en aumento, tanto en flujo de personas, como en los más de 7 mil millones de dólares en remesas que ingresaron por el sistema bancario nacional. Pero la seguridad fronteriza también ha crecido sustancialmente, lo cual se refleja en el número de deportaciones terrestres que siguen ascendiendo.
A pesar de que el presidente Jimmy Morales contó con el apoyo de los migrantes en Estados Unidos durante su campaña, les falló en definir desde su despacho una política migratoria nacional que tenga como fin proteger al migrante desde su perspectiva humana, y no seguir simplemente las instrucciones desde Washington. El logro que se adjudica, fue la implementación de un call center para atender llamadas desde Estados Unidos, incluso en algunas lenguas mayas. Pero éste no ha tenido la necesaria difusión, y carece de condiciones que generen la confianza que permita una interacción cercana y abierta con la población. Por tanto, el servicio multilingüe, aparenta ser un total fracaso.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, su titular Carlos Raúl Morales ha sabido manejar muy bien el micrófono, pero no lo suficiente como para no darnos cuenta de que el servicio consular no cuenta ni con el recurso humano, ni el económico, para atender las apremiantes necesidades de los connacionales durante estos momentos críticos en Estados Unidos. Una preocupación principal es la carencia de documentos de identificación nacional. En palabras del propio Canciller Morales, únicamente se han entregado 1.6 millones de pasaportes, a los más de tres millones de guatemaltecos que afirma viven en Estados Unidos. Ante el ambiente de incertidumbre que hoy se vive debido a la entrada del nuevo gobierno de Trump y sus amenazas de construir el muro y deportar a 11 millones de indocumentados, estos datos son muy desalentadores.
El Congreso por su parte, aprobó el proyecto de Ley de Migración, la cual venía a favorecer la creación de un nuevo ente migratorio, el Instituto Nacional de Migración, y sustituir a la desacreditada Dirección General de Migración. Sin embargo, por supuestos tecnicismos, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente su entrada en vigencia.
Ahora los diputados deben elegir al nuevo secretario de Conamigua, pero al observar la forma en que se han llevado a cabo las entrevistas en la mesa de la Comisión del Migrante, pareciera que existe ya una persona favorecida, lo cual hace suponer que la elección no se hará en base a aptitudes, sino a compadrazgos políticos. Esto vendría a confirmar lo que ya líderes migrantes han venido denunciando, sobre el hecho de que el Consejo no cumple la principal función de ser un ente defensor a favor de la comunidad migrante, y únicamente genera gastos millonarios para el Estado. En caso de que esta institución no encauce su rumbo, y exista legislación que le permita funcionar adecuadamente, debería mejor de ser eliminada por completo.
A pocos días de la toma de posesión de Donald Trump, y ante la incertidumbre que han provocado sus amenazas, lo imperdonable del actual gobierno es su total falta de plan, una política pública para proteger los derechos de los millones de guatemaltecos que ahora enfrentan una posible deportación, que no cuentan con sus documentos de identidad necesarios. A pesar de ello, se sigue observando una actitud paternalista y soberbia, mientras que muchos guatemaltecos ni se acercan a los Consulados por la falta de confianza, producto de años de abandono por parte de los mismos funcionarios.
