Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los guatemaltecos tendemos a dividir el año en períodos arbitrarios, acaso porque siendo un país en el que hasta el clima cambia poco y el resto es inmutable, pensar a doce meses plazo se nos hace una eternidad. Ahora, empezando la llamada cuesta de enero, nuestro objetivo está centrado en la Semana Santa, primer parteaguas que, con su descanso, nos ofrece alguna ilusión en el corto plazo.
Empezamos, pues, el primer tirón de este año 2017 que puede ser determinativo para el país porque será cuando se decida si en realidad podemos cambiar nuestro modelo político o si consagramos el viciado de corrupción e impunidad que tan agradable resulta para poderosos sectores de la vida nacional. Y falta ver ahora si la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público van a actuar contra alguien más que los del Partido Patriota, para lo cual son importantes los casos del Registro de la Propiedad, que embarró a la familia del actual Presidente, y el de Transurbano que se tiene que llevar entre las patas a mucha gente tanto del gobierno central en tiempos de los Colom-Torres, como del gobierno municipal también involucrado en el asunto.
No puede restarse ningún mérito a lo hecho por esas dos instancias en el caso de Pérez Molina y Baldetti, pero ellos y nosotros sabemos que la corrupción no empezó ahí ni terminó con el encarcelamiento de ambos. Se trata de un problema del sistema, hábilmente diseñado para promover el enriquecimiento ilícito con garantía de impunidad. Por ello es tan importante que no nos detengamos, como pasó tras el gobierno de Portillo, pensando que la corrupción solo se produce en forma aislada y con alguna gente.
En este primer tirón del año será fundamental ver cómo los entes a cargo de la investigación arman y presentan los casos que han venido investigando, más otros que deberán surgir luego de escándalos como el brasileño y la denuncia que hizo mañosamente Taracena sobre los narcos en el Congreso y otras chuladas de ese poder del Estado donde los votos han tenido siempre precio y la depuración se hace necesaria, aun a sabiendas de que no va a quedar santo parado.
Eso en cuanto corresponde al MP y la CICIG, pero queda pendiente aún establecer cuál será la reacción ciudadana ante la certeza de que el sistema político del país no funciona y que debe ser reformado radicalmente si queremos tener un Estado que se ponga al servicio de la gente y no de sectores privilegiados que encontraron la forma de secuestrarlo para que opere en su exclusivo beneficio.
Y es que mientras Arzú diga que a la prensa se le pega y los ciudadanos no recordemos que al ladrón se le encarcela, seguiremos siendo un país indolente ante el abuso y la prepotencia de individuos que se sienten superiores a la ley y que pueden hacer lo que les viene en gana. Tenemos que imponer un freno al abuso, venga de donde venga, si queremos ver un país distinto.
