Guatemala se ha caracterizado por un sistema de partidos políticos que entrega espacios de elección sin basarse en requisitos de capacidades ni propuesta de políticas públicas, pues siendo movimientos de mercadeo es prioritario otorgarle la candidatura a quien aporte con recursos y movilización a las campañas presidenciales.
Ese patrón es lo que ha llevado a que quien logre conseguir la plata se gana el puesto y es la gran piedra en el zapato que nos impide que para las municipalidades, el Congreso y la misma Presidencia de la República se elija a quienes verdaderamente puedan trabajar en beneficio para la población.
Repetidamente hemos visto que los electos llegan con la “deuda política” de la campaña con la que empeñaron su capacidad de tomar decisiones, y es por eso que desde el ejercicio público ponen a disposición de sus financistas los recursos y beneficios que su investidura les permite.
Hay otros casos, como el de la Municipalidad de Guatemala, en el que simplemente se ha dispuesto retorcer la ley para que se haga todo de manera totalmente alejada de las normas de transparencia, como es el caso de la discrecionalidad en las licencias de construcción, la elaboración de obra pública como los pasos a desnivel en beneficio de centros comerciales o proyectos residenciales, el Transurbano, fideicomisos, etc.
Pero independientemente de eso, el común denominador es que las municipalidades están siendo manejadas por quienes se consideran mandamás de sus municipios, pero que no tienen la capacidad real de ejercer la administración de manera adecuada para el beneficio de sus vecinos.
Y es por ello que los problemas de urbanización, manejo de desechos, proyectos de agua, prestación de servicios de transporte dignos, manejo de áreas y zonificación, no son y no serán prioridades de quienes simplemente buscan exprimir para su beneficio la plata que les toca administrar.
Por supuesto que la Contraloría General de Cuentas de la Nación ha presentado algunos casos para que se proceda penalmente contra uno que otro alcalde, pero también es dicho por muchos que solo es contra aquellos jefes ediles que no llegan al “precio” con el que se les puede apachar el clavo, mientras los alcaldes y concejos de los municipios principales, milagrosamente, siempre terminan fuera del radar de la incapaz Contraloría.
En fin, no debe sorprendernos que la corrupción municipal sea de niveles escandalosos, cuando nos damos cuenta que la selección de los candidatos es su capacidad de aporte y movilización. Igual que los diputados y presidentes, si alguien puede venderle el alma al diablo y consigue los recursos, se gana la plaza. Así costará salir adelante.
