Luis Enrique Pérez
No tengo alguna preferencia política o no política por el gobierno del Presidente de la República, Jimmy Morales. Tengo interés en que gobierne idóneamente nuestro país. Y creo que gobernarlo con idoneidad es cumplir (con pretensiones de plenitud) las funciones que le adjudica la Constitución Política de la República, para garantizar los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la libertad, a la propiedad privada y a la vida.
Ese interés en que él gobierne con idoneidad se incrementa extraordinariamente porque, en nuestro país, el Presidente de la República está dotado de excesivo poder; y sus decisiones, sus actos o sus obras influyen en toda la sociedad guatemalteca, más de aquello que sería sensato que influyeran. Acudo a un modestísimo ejemplo: el Presidente de la República puede conceder exoneraciones de impuestos, es decir, puede conceder privilegios tributarios y obligar a los ciudadanos a subsidiar a quienes se benefician de esos privilegios.
Precisamente no parece gobernar con idoneidad, como lo muestran algunas encuestas de opinión de los ciudadanos. Una de las más recientes fue patrocinada, en noviembre del año pasado, por la Cámara del Agro, entre sus propios miembros. Por lo menos 47% de ellos opinaron que el gobierno del presidente Morales era pésimo, y 31%, que era malo. Adicionalmente, sobre el Organismo Judicial, 20% opinó que era pésimo, y 29%, que era malo; y sobre el Organismo Legislativo, 42% opinó que era pésimo, y 29%, que era malo.
Una buena opinión de los ciudadanos sobre el gobierno del presidente Morales, parecía haber comenzado a disminuir en el mes de abril. Por ejemplo, en una de las encuestas patrocinadas por el diario Prensa Libre, 55% opinó que era un mal gobierno, y 26%, que era regular. La disminución continuó. Por ejemplo, en el mes de Julio, en una de las encuestas también patrocinadas por el diario Prensa Libre, 60% opinó que era un mal gobierno, y 23%, que era regular. En el mes de Mayo, según una encuesta de Cid Gallup, 61% de los ciudadanos tenía una buena opinión del gobierno del presidente Morales, aunque él había ganado con casi 70% de los votos, la elección presidencial.
Por supuesto, las encuestas de opinión no necesariamente son confiables, y hasta pueden ser absurdamente erróneas. El presidente Morales podría, entonces, despreciarlas, y hasta creer que sucede precisamente lo opuesto, es decir, creer que la mayoría de ciudadanos tiene una buena opinión de su gobierno. Empero, no por medio de encuestas de opinión, sino, por ejemplo, por medio de programas radiofónicos o de conversaciones cotidianas meramente casuales, la mayoría de ciudadanos manifiesta no tener una buena opinión del gobierno del presidente Morales.
Hay varios motivos que explican la creciente opinión adversa que la mayoría de ciudadanos pueda tener del gobierno del presidente Morales. Una de ellos es que realmente él no gobierna, es decir, no comanda las fuerzas públicas de seguridad para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos; o no obliga a cumplir la ley. Comandar esas fuerzas, u obligar a cumplir la ley, son funciones que, por mandato constitucional, competen únicamente al Presidente de la República, y no a un juez o a un legislador. Adicionalmente, no hay indicios suficientemente persuasivos de que, ferozmente atacada por la honradez, huye espantada la corrupción de la administración pública.
El presidente Morales ha inaugurado plantas de purificación de aguas residuales, que debería inaugurar un gobernador, o un alcalde, o un concejal o un síndico; pero las inaugura él, como si con tal acto inaugural demostrara que gobierna, y la criminalidad se detuviera estupefacta. Sería preferible que el tiempo asignado a esos actos inaugurales, lo asignara a meditar sobre las funciones primordiales que debe cumplir, y que le conferirían la calidad de gobernante.
Post scriptum. Está bien que el gobernante no sea “corrupto ni ladrón”, en el supuesto de que no es tal; pero la honradez, aunque es necesaria, no es suficiente. El gobernante también tiene que ser apto.
