Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
El día martes, el ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada me mandó un mensaje como respuesta a la columna en la que cité la de Karin Slowing expresando que la interpretación que ella había dado y que yo recogí no era precisa porque en palabras del funcionario “Yo ayer le escribí a Karin Slowing explicando que lo que describe en su artículo no es lo que hace la norma”.
Además, me mandó un flujograma que ejemplifica mejor la situación y el cambio radica en que en lugar de depositar en 22 cuentas de los Codede, ahora se hacen abonos en cuenta corriente o de caja del Codede, y luego este solicita que desde el Banguat se haga una transferencia a la cuenta de la Muni que luego le paga con cheque al contratista. Los procesos de selección de obras, verificación y avance de las mismas permanecen igual, es decir, la corrupción y el tráfico de influencias se mantiene.
El problema del Listado Geográfico de Obras (LGO) va más allá de si son cheques o transferencias, puesto que el vicio está en que el dinero destinado para hacer obra termina sirviendo como caja chica, pero bien grande, de la corrupción por medio de la cual diputados, alcaldes, gobernadores y en muchos casos en contubernio con los consejos de desarrollo, utilizan el dinero para acrecentar sus arcas y eso ha derivado en menos oportunidades y menor inversión para la gente que deriva en eterna pobreza y migración.
Nunca habrá una buena ejecución del LGO si la Contraloría no juega su papel y se reforma su estructura, pero eso no aplica solo para el listado sino para la ejecución en general; eso lo ha visto el ministro, pero de ello no ha dicho nada y me queda la duda de por qué. Él ahora entiende cómo es que se mueve la melcocha y si no pega el grito al cielo debemos preguntar la razón.
El 5 de febrero de 2016 aquí en La Hora publicamos una entrevista en donde el funcionario dio a entender su visión de Estado, y es bueno repasarla porque en ese momento su Presidente y el gobierno del que es parte no lideraban un pacto de impunidad ni se sabía públicamente de qué pata cojeaba la familia presidencial. En aquella época, Estrada no participaba, o no se sabía al menos, en reuniones secretas como en la que estuvo con Morales y el nuevo presidente del Congreso, quien llegó junto con Canela a cocer parte de las habas del pacto de impunidad.
En febrero dijo que “las mismas entidades públicas, como el Puerto Quetzal, el Puerto Santo Tomás, el aeropuerto, en vez de perder dinero podrían estar ganando mucho más dinero para el Estado”, pero resultó que él fue quien movió las pitas para que el caso de TCQ avanzara luego del caso penal y embaucó al Presidente en un negocio que ya había dejado $30 millones en mordidas, en vez de ser fiel a su discurso y proponer algo para que Puerto Quetzal, operado por el Estado, fuera más eficiente incluso con lo que debe de quedar de la nueva infraestructura.
En febrero habló de la necesidad de una reforma al sistema de justicia pero no dijo ni pío cuando sus compañeros del oficialismo lideraron el bloqueo a las reformas; él dijo que sin un Estado más fuerte no se podrá luchar contra la pobreza, pero el gobierno del que es parte dice que busca fortalecer la institucionalidad mientras tras bambalinas minan lo que pueden, por ejemplo, tal y como ahora pasa con MP y CICIG.
La matriz de compras y ejecución necesitan más que la subasta inversa, y por eso mi recomendación al ministro es que piense cómo desea ser recordado y juzgado por la gente, porque hoy por hoy está siendo el ministro de un gobierno que a pesar del mandato popular, está liderando un pacto en el que nunca se podrá materializar el Estado que visualizó en febrero y ojalá su silencio no se deba a que también ya fue cooptado.
