En respuesta a la nota publicada ayer por el diario La Hora titulada “Gobierno pide a puerta cerrada que se apruebe negocio de US$30 millones en mordidas”, el Gobierno de Guatemala aclara:
La situación en que se encuentra el contrato para la operación de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) es de interés público y la búsqueda de la ruta legal para no continuar con el actual usufructo es un avance contra la corrupción.
El manejo ha sido transparente porque se ha socializado a los diputados, en acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y otras instancias, tales como la Contraloría General de Cuentas, presentando las vías a seguir, por medio del diálogo. Se está proponiendo una iniciativa de Ley por parte del Ejecutivo y el único poder facultado para aprobarla es el Legislativo.
No se le ha dado seguimiento a un “negocio” como quiere manejarse, por ello, el Ejecutivo desde el inicio ha evaluado las opciones legales y técnicas que permitan tomar la mejor decisión de este caso; es por ello que se solicitó la asesoría de la PGN, teniendo como resultado la decisión de anular el usufructo que es objeto de investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, sin que esto afecte la persecución penal contra exfuncionarios.
El Ejecutivo reconoce que el tema es delicado y por eso se ha evaluado de forma responsable los pasos a seguir. Desde el Ministerio de Finanzas se han evaluado los escenarios que podrían presentarse, con la aprobación o no aprobación de la iniciativa de Ley, ejercicio que ha servido al Ejecutivo para confirmar los beneficios de competitividad, así como los fiscales que el proyecto traería para Guatemala.
Se rechaza todo señalamiento de injerencia en este caso, reafirmando que el Ejecutivo respeta la división de poderes y el estado de Derecho establecido en la Constitución Política de la República.
