Si para que Otto Pérez con Roxana Baldetti dieran el aval de Terminal de Contenedores Quetzal hicieron falta 30 millones de dólares “bajo la mesa”, ¿de cómo será el cañonazo si a la misma mesa está el Presidente de la República, el Contralor, la Procuradora General, el ministro de Finanzas y el de Comunicaciones?
Jimmy Morales, que avala actos corruptos como este y los de sus familiares, está empujando a los diputados a que se apunten a la lista de los “antejuiciados”, procesados y encarcelados porque lo que ofrece es ilegal.
El primero que habló de este negocio fue el ministro de Finanzas, muy influyente en el equipo de gobierno porque en pueblo de ciegos, el tuerto es rey, y hábilmente le pasó la pelota a la PGN y al interventor que se convirtieron en operadores de APM Terminals con el mayor descaro para lograr otra figura ilícita a dedo.
Si para el corrupto negocio del Patriota se destinaron esos 30 millones de dólares, ¿qué calcula el estimado lector que es lo que hay en el impulso de Morales cuando incluye a Carlos Mencos, a la PGN Morfín, al interventor y a todos los diputados que votan al respecto?
El aval que tanto la PGN, llamada a defender los intereses del Estado, como el Contralor, llamado a vigilar los procesos administrativos del Estado y quien sugiere ahora legalizar el trinquete, demuestra que hay una asociación muy bien planificada para que no quede cabo suelto, por ahora, para impulsar el negocio.
Como ha quedado claro, será en el futuro inmediato cuando se darán cuenta que ese traje de invencibles con que se sienten los funcionarios cuando están en el cargo, desaparecerá y llegará el castigo a las decisiones que con arrogancia se toman.
El caso de TCQ es muy sencillo y hay opciones para hacerlo que funcione: Una licitación internacional abierta a todas las empresas que quieran competir o que el Estado opere por su cuenta la terminal.
Por supuesto que eso requiere de algo que es imposible para los funcionarios actuales y que se llama “honradez y transparencia”. Porque el mismo Presidente ha dicho todos los controles administrativos y de verificación del gasto hacen inoperante al Estado.
Estamos convencidos que este caso será paradigmático para los funcionarios de este gobierno y para los diputados. Ya hay miembros de un Gabinete de gobierno que incluye al presidente y vicepresidenta en la cárcel, pero el precedente no importa ante las ambiciones. Increíble que el poder nuble la vista de tal manera a quienes nos gobiernan.
