Francisco Cáceres Barrios
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No nos equivocamos cuando dijimos que la reciente propuesta gubernamental de aumentar impuestos era descabellada e inoportuna. Lo primero porque castigaba todavía más a la gran mayoría de la población, en especial a la de escasos recursos, a pesar que en los primeros siete meses de estar dirigiendo los destinos de la nación no había podido demostrar con medidas acertadas el combate efectivo a la corrupción, mucho menos haber intentado siquiera sacar de la crisis a los servicios públicos asistenciales, de seguridad ciudadana, la creación o mejora de la actual infraestructura, como el uso racional de los recursos del Estado. Por ello, nos alegró enterarnos que había dado marcha atrás pidiéndole al Congreso la devolución de su iniciativa de ley.
Pero eso no quita la preocupación ciudadana porque el Presidente y sus colaboradores antes de proponer otras cargas tributarias o aumentos a los actuales, se vayan a poner a analizar cómo y cuánto podrá reducir el sinnúmero de gastos superfluos e innecesarios que tienen e igualmente si se van a comprometer a utilizar los posibles incrementos de ingresos con políticas públicas claramente definidas y si van a hacer todo lo posible porque aquellos impuestos que por falta de tecnología, por exceso de desidia, irresponsabilidad o corrupción siguen sin percibirse adecuadamente.
La acción de dar marcha atrás no fue más que la consecuencia de la insatisfacción general que produjo en la población la desacertada propuesta, la que seguimos considerando el fruto de la inexperiencia política e incapacidad ejecutiva que ha puesto de manifiesto el actual gobierno, lo que se vino a sumar a otras, como pedirle opinión a la Corte de Constitucionalidad de si podía crear otra secretaría para la presidencia, cuando sabía que en dos oportunidades había sido negada tal posibilidad o bien, andar suplicándole a Joviel Acevedo que los maestros cumplan con su obligación de impartir clases al menos durante 180 días al año, cuando es gorda obligación presidencial exigir el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades a los servidores públicos.
Mientras los organismos del Estado continúen haciendo sus compras y contrataciones sin seguir las mínimas y elementales normas legales, de prioridad y transparencia, los guatemaltecos vamos a seguir en desacuerdo con cualquier reforma o parche fiscal y seguirán estando fuera de orden las cantaletas de que la ciudadanía es la que menos contribuye al sostenimiento del Estado y que el que tiene más debe pagar más. ¿No se han dado cuenta que si no fuera por la CICIG y el Ministerio Público a estas alturas seguiríamos sin contar con las fehacientes pruebas del desmadre que se venía haciendo con los recursos destinados a bienestar y progreso de nuestra sociedad? ¿Habremos mejorado?
