Javier Monterroso
Debo comenzar esta columna que soy egresado de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y que además soy profesor en la facultad de derecho, lo que me permite escribir sin que me tachen de querer dañarla sino precisamente por el cariño que le tengo a mi alma mater y patrona.
Nadie duda de la importancia de primer orden que la Usac ha tenido para la nación guatemalteca, la mayoría de sus próceres, profesionales y académicos destacados han sido formados en sus aulas, incluso Miguel Ángel Asturias nuestro Premio Nobel de Literatura fue “sancarlista“, y por ello nadie cuestionó cuando en 1985 la Constitución le otorgó intervención en los procesos de elección de algunas de las más altas autoridades de las instituciones del Estado tales como: magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, Fiscal General de la República, Contralor General de Cuentas y un miembro de la Junta Monetaria y además las leyes ordinarias le otorgan también representantes en la dirección de instituciones tales como el Instituto de Defensa Pública Penal, el IGSS, el Consejo de Protección de la Antigua Guatemala, el Fondo de Tierras, entre otras; en teoría la Usac aportaría en estos procesos una visión académica que sería ajena a los criterios políticos y permitiría elegir a los mejores profesionales en tan importantes cargos, además de que por ser la única universidad estatal sus elegidos velarían por los intereses del pueblo.
Sin embargo en los últimos años la Usac ha sido seriamente cuestionada pues algunas de las personas que ha nombrado en diversos puestos, han privilegiado sus intereses particulares sobre los generales, por ejemplo en la Corte de Constitucionalidad el representante de la Usac fue el voto decisivo para dejar que participara Ríos Montt como candidato presidencial en el año 2004, o más recientemente en el Consejo de Protección de la Antigua Guatemala, donde el representante de la facultad de arquitectura fue el principal responsable de que se suspendiera la remodelación de la Catedral de esa ciudad. Además los procedimientos de nombramiento de los representantes de la Usac también son cuestionados pues responden a negociaciones políticas espurias y no a verdaderos procesos donde se privilegien los méritos académicos, incluso en los pocos casos donde se han nombrado a personas probas y capaces como en la Junta Monetaria o en el IGSS, estos se encuentran en desventaja numérica en relación a los otros miembros por lo que sus aportes terminan siendo marginales.
No es de extrañar entonces que en la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia presentada recientemente se suprima la participación de la Usac en los procesos de selección de magistrados, o que en el proyecto de reformas a la ley de protección de la Antigua Guatemala que ya paso su primera lectura en el Congreso se saque a la universidad del Consejo de Protección, es indudable que las acciones de sus representantes y autoridades han desprestigiado innecesariamente a la Tricentenaria que corre el riesgo de perder mucho poder.
