Juan Francisco Reyes López
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Ninguna persona en América Latina y en Guatemala desconoce que para superar la extrema pobreza, la pobreza y el hambre, la tarea conlleva varios años. Una de las formas en las que puede superarse esas graves deficiencias es la educación pública.
La educación primaria y secundaria actualmente en Chile se le ha proporcionado a toda la población; salvo las personas con problemas mentales, todos han concluido esas etapas. Lo que a su vez ha permitido que miles de miles vean la prueba de admisión académica a nivel nacional con los mismos requisitos y las mismas posibilidades para ingresar a una universidad y a una facultad académica a la que aspiren.
Quienes no lo logran aceptan que no lo pudieron hacer por su propia responsabilidad, lo que les implica prepararse académicamente resolviendo sus lagunas o deficiencias y volver a presentarse a la prueba de admisión universitaria el próximo año o tomar la decisión de inscribirse en las múltiples carreras técnicas donde se preparan para ser los mandos medios de todas las actividades productivas de la sociedad.
En ese país, los universitarios como los técnicos tienen salarios arriba del porcentaje que se paga en la mayoría de los países de América Latina. Bolivia, Ecuador, Nicaragua también son el ejemplo que la educación es la mejor manera de desarrollar a la sociedad. No puede decirse que la educación pública es inadecuada y no le permite un futuro mejor a las juventudes de esos países.
En Guatemala la educación al igual que la salud se encuentran en plena crisis por tres motivos principales: el primero es la insuficiencia de los recursos provenientes de los impuestos; el segundo, es la mala preparación de los docentes y el tercero es el sobre abuso en la creación de sindicatos y de pactos colectivos de trabajo que afecta a la salud, a la educación y a toda la administración pública, incluyendo la municipal.
Durante un proceso que duró varios años un grupo de abogados-sindicalistas y sus procuradores desarrollaron de forma paulatina y constante esos pactos colectivos de trabajo en el sector público que desnaturalizaron las leyes laborales y las escalas de puestos y salarios.
El primer ejemplo de ese gravísimo problema es el Congreso de la República, que hace 25 años tenía 120 empleados con 116 diputados y hoy tiene alrededor de 3 mil con 156 legisladores. Los trabajadores están divididos en varios sindicatos, igual que en salud pública, trabajo y muchos ministerios para así tener varias juntas directivas o comités de personas inamovibles. La desnaturalización de la realidad nacional de los salarios y prestaciones a través de los pactos colectivos es un cáncer mortal que el Estado, incluyendo las entidades autónomas, no puede tener.
El pacto colectivo de condiciones de trabajo que firmó Jorge Méndez Herbruger, diputado del PAN y después diputado del gobierno de Óscar Berger y del partido del que fuera secretario general Jorge Briz, ha permitido que cada siete años los salarios en el Congreso se aumenten al 100%.
¿Cómo puede ser que un conserje gane arriba de Q35, mil quetzales, que una secretaria gane el doble que un diputado, que un encargado de relaciones públicas o una contadora rayen en los Q100 mil quetzales mensuales y continúen año con año incrementando sus ingresos?
¡Guatemala es primero!
Continuará…
