Javier Monterroso
Uno de los grandes problemas históricos de la democracia guatemalteca ha sido el poder que sobre los partidos políticos y el aparato del Estado siempre ha tenido el sector privado organizado, usando las categorías de análisis social de Max Weber podemos asegurar que el sector privado organizado por muchos años ha ejercido una dominación de tipo patrimonial sobre los políticos, los funcionarios públicos y la sociedad en general.
El mismo expresidente Cerezo lo explicó en el reciente Foro Esquipulas: siendo el Presidente Constitucional de la República solo ejerció el 30% del poder real, en el año 86 el resto del poder lo tenía el Ejército, el Congreso y principalmente el sector privado, y si recordamos bien el mayor enfrentamiento de Cerezo con el sector privado fue por una reforma tributaria que finalmente fue truncada.
Con el serranazo en 1993 el sector privado aumento aún más su cuota de poder, pues prácticamente dominaron la instancia que le dio salida a la crisis política y pudieron aprobar reformas a la Constitución que garantizó mayores privilegios para la banca privada, las elecciones de 1995 llevaron a la presidencia al gobierno del PAN que propició la privatización de empresas del Estado y leyes que permitieron la inversión energética y minera en manos del gran capital, así mismo la firma de la Paz debilitó al Ejército que era el único poder que le disputaba la hegemonía al sector privado aunque casi siempre funcionaron coordinadamente.
Debemos aceptar que el gobierno de Portillo fue el único que sí afectó algunos intereses del sector privado, tanto por medio de la SAT como liberando el mercado del pollo y el azúcar, es por ello que en el 2003 los grandes empresarios casi en bloque apoyaron a Óscar Berger y desde ese gobierno se garantizaron algunos espacios estratégicos como la SAT, el Ministerio de Finanzas y el de Economía.
A pesar de que al inicio del gobierno de Jimmy Morales parecía que el sector privado iba a volver a ser el sector dominante las cosas se les han complicado en los últimos meses y podemos observar varios indicadores de que el sector privado está perdiendo su hegemonía: en primer lugar la labor del MP y la CICIG ha cambiado el panorama político de una forma sin precedentes y hoy buena parte del sector empresarial está con la camisa levantada y el temor a ser perseguidos penalmente, además las nuevas reglas de financiamiento electoral hacen casi imposible que los empresarios vuelvan a apoyar económicamente a los partidos políticos por lo que estos serán más independientes que nunca de este sector, por otra parte se están impulsando reformas a la Constitución Política que de ser aprobadas disminuirían su poder de influencia en la Corte de Constitucionalidad que siempre ha sido su bastión de poder y a través de la cual han podido vetar las reformas tributarias y legales que les afectan, y finalmente por primera vez la SAT es totalmente independiente del sector privado y está persiguiendo a un grupo de grandes evasores e incluso interviniendo las empresas.
