Claudia Escobar. PhD.
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
El Caso emblemático conocido como Cooptación del Estado, en el que se ven involucrados desde los más altos funcionarios del gobierno, hasta empresarios de renombre, demuestra que la corrupción está enraizada en todas las organizaciones, públicas y privadas. También ejemplifica cómo distintos grupos de poder han usado de su influencia para enriquecerse a costillas del Estado. Además evidencia que las instituciones encargadas de ejercer un control sobre los funcionarios y empleados públicos no han realizado su labor. Esta situación no es nueva, pues muchos de los gobernantes y sus allegados que asumieron el poder sin recursos económicos, terminaron siendo verdaderos millonarios.
Lo trágico del asunto es que aunque existe un marco normativo que regula la rendición de cuentas, los corruptos siempre encuentran la forma de usar de su poder para beneficio propio y salirse con la suya. Como dijo en una oportunidad un diputado, expresidente del Congreso, que se encuentra sindicado por cohecho y tráfico de influencias:
“Hecha la ley, hecha la trampa”.
En un contexto en que la impunidad ha sido la norma que ha permitido que la corrupción crezca a niveles exponenciales, se debe reconocer que la labor del Juez Miguel Ángel Gálvez ha sido excepcional. De forma pausada, clara y contundente ha ido hilvanando los hechos y las pruebas para justificar su resolución. Durante varios días los guatemaltecos hemos estados pendientes de su razonamiento. Es sin duda un Caso complejo, no solamente por el número de acusados y por los cargos que han a desempeñaron, sino también por los delitos que se les imputan. Pienso que este Caso marca un antes y un después en la Administración de Justicia. Mi respeto al Juez Gálvez por su labor.
Para evitar que situaciones como las que provocaron este Caso emblemático de corrupción vuelvan a repetirse, hace falta reformas legales profundas en el sistema de justicia para que existan más jueces como el honorable juez Gálvez y también se necesita modificar el sistema de la gestión pública. Es necesaria la creación de una ley que regule la función pública en base a méritos y competencias, que permita mayores controles y transparencia y que promueva un comportamiento ético en las actitudes de los funcionarios. También es urgente que se promueva una depuración de todas las instituciones en los distintos organismos del Estado.
Si la corrupción es un cáncer, será necesario remover las células que lo producen. Algunas organizaciones exigen la depuración del Congreso, lo que sin duda es oportuno, pero hace falta ir más allá. Hay que depurar también los ministerios, las secretarías, las instituciones autónomas y por supuesto el Organismo Judicial y las demás instituciones del sector justicia. Esta no será una tarea fácil, pues implica enfrentarse a sindicatos que han sido creados para perpetuar privilegios y garantizar impunidad.
Mientras los cargos públicos sean un botín político continuaremos promoviendo la corrupción, pues los puestos dependen de la voluntad de unos individuos con la facultad de nombrar y destituir, sin tomar en consideración la capacidad de los empleados y funcionarios públicos.
