Jorge Santos
Uno de los casos más emblemáticos de la criminalización se ha observado en el norte de Huehuetenango, en donde los Pueblos que ahí habitan, han levantado una resistencia, frente a la imposición de un modelo de carácter extractivo, que viola sus derechos fundamentales. La reacción del capital privado, ha sido instrumentalizar a las instituciones del Estado guatemalteco e impulsar una campaña de persecución penal contra el liderazgo de dichos Pueblos. De esa cuenta es que sólo el año pasado se sumaron a la cauda de presos políticos, los líderes Adalberto Villatoro, Arturo Juan Pablo, Francisco Juan Pedro, Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. A los anteriores, hay que sumar la detención de Mynor López desde un año antes.
El 6 de julio pasado, inició el Juicio Oral y Debate Público contra estos siete defensores de derechos humanos, que en su calidad de autoridades comunitarias y/o autoridades ancestrales defienden su territorio, los recursos naturales y la vida. Todos y cada uno de ellos están siendo juzgados producto no de los delitos que falsamente les han imputado, sino como el resultado de una estrategia que ha sido diseñada y articulada por una estructura criminal conformada por miembros de las empresas hidroeléctricas de la región, jueces, fiscales del Ministerio Público, elementos de las fuerzas de seguridad de los municipios del norte de Huehuetenango.
Si algo ha quedado claramente evidenciado en las audiencias es la actuación que varias de las autoridades judiciales y del Ministerio Público de Santa Eulalia y Huehuetenango han realizado en aras de criminalizar la lucha social y a partir de ahí desarticular las resistencias pacíficas y apoyar así la implementación de proyectos hidroeléctricos, que han iniciado sus actividades empresariales con ilegalidad. Este grupo que lamentablemente operó o constituyó parte de su centro de operaciones desde el hoy cerrado Centro de Administración de Justicia -CAJ- de Santa Eulalia, promovió la investigación criminal y persecución penal contra el liderazgo comunitario y autoridades ancestrales mayas, sin que existiera prueba alguna en su contra.
Acusaciones falsamente elaboradas han sido el papel de estos operadores de justicia al servicio de las empresas hidroeléctricas de la región, por ejemplo, han acusado falsamente de hechos de violencia en contra de operadores de justicia que jamás se han llevado a cabo, les acusan a partir de mentiras de plagio y secuestro con el único propósito de detener y provocar encarcelamientos sin justificación alguna. Incluso han ordenado capturas y tipificado delitos sin que haya habido de por medio una investigación criminal de por medio.
Dados los elementos probatorios que se han presentado por parte de la defensa técnica de los siete defensores de derechos humanos, en el juicio oral y debate público, no cabría posibilidad alguna de que fueron sentenciados, de tal cuenta que esperemos en breve puedan estar de regreso al seno de sus familias, sus comunidades y puedan continuar con sus actividades cotidianas y defendiendo la vida, la naturaleza, el agua y su territorio. Si la sentencia les absuelve esta estructura que se asoció con el fin de criminalizar deberá ser investigada, y ojalá más pronto que tarde se le haga responsable penalmente de los delitos que ha cometido.
