Claudia Escobar. PhD.
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
Con el fin de promover una reforma constitucional del Sector Justicia los representantes de los tres poderes del Estado; el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, acompañados por una mesa técnica integrada por la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, hicieron un llamado a un Diálogo Nacional.
Durante varias semanas los guatemaltecos hemos tenido la oportunidad de externar propuestas. Ahora es el momento de buscar consenso, lo cual conlleva un reto enorme; ya que cada individuo u organización tiene opiniones distintas de la forma en que el Sistema de Justicia puede ser modificado.
Lo que no podemos perder de vista es que el objetivo de la reforma debe ser el fortalecimiento de las instituciones de Justicia, de manera que estas cuenten con las herramientas necesarias para luchar, de forma efectiva, contra la impunidad y la corrupción. También tenemos que tomar en consideración que la Constitución es un marco normativo que señala parámetros y lineamientos de las instituciones, pero no se puede pretender abarcar detalles que pueden ser desarrollados en las leyes ordinarias. Además hay que reconocer que el esfuerzo de reforma debe ir acompañado de un compromiso ciudadano a un cambio cultural y actitudinal, en la que el comportamiento ético sea requerido para los funcionarios pero también para los particulares. De poco servirán las reformas, si no cambiamos nosotros.
La reforma propuesta contempla temas fundamentales para lograr que en Guatemala exista un verdadero Estado de Derecho. Cada uno de ellos merece especial atención. Pero uno de los mayores desafíos será lograr la protección de la independencia judicial.
Al respecto el Juez Stephen Breyer ha dicho: «En última instancia la independencia es una cuestión de costumbres, de hábitos y expectativa institucional. Para construir esas costumbres, hábitos y expectativas, se requiere tiempo y apoyo – no solo de la judicatura y de los abogados, sino también de las comunidades en donde ejercen sus funciones los jueces. Desafortunadamente puede resultar más fácil desmontar esa independencia que fortalecerla.» (Breyer, 2008)
En Guatemala la independencia judicial ha sido una utopía, nunca el Organismo Judicial ha gozado de verdadera independencia. Es indispensable encontrar una manera que nos permita elegir a los abogados más idóneos para los cargos de la función judicial. Es necesario además que los nombramientos de los jueces y magistrados estén libres de injerencia de los otros poderes del Estado, pero también de grupos de interés que representen a distintos sectores o al crimen organizado, como sucedió en Guatemala durante la última elección de Cortes. También tendríamos que buscar un mecanismo que nos ayude a fiscalizar su trabajo para exigirles que actúen con total imparcialidad.
Aunque no existen sistemas perfectos de elección de jueces o magistrados, sí hay parámetros aceptados internacionalmente que garantizan que los nombramientos en el Sistema de Justicia se realicen de forma objetiva. Lo que estos lineamientos buscan es que las Cortes estén integradas por las personas más idóneas y capaces.
En la búsqueda de nuestro propio proceso de selección, debe privilegiarse que los nombramientos de magistrados sean en base a competencias, a experiencia y a méritos objetivamente comprobables. El ejercicio de la judicatura debe ser una vocación que tendría que estar motivada en el amor a la justicia y no en la oportunidad de enriquecerse o de servir al poder de turno.
