Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Me parece extraordinario y digno de valorarse que en Guatemala estemos ahora, léase bien, privilegiando como debe ser el concepto de la presunción de inocencia porque nadie puede ser considerado como delincuente hasta que no se le haya probado en un proceso penal desarrollado con todas las garantías que se establecen en la legislación. Se trata de no sólo de un mandato constitucional sino de un derecho humano fundamental por lo que en todo el mundo existe, se valora y se respeta.
Sin embargo, no siempre los guatemaltecos hemos dado valor a ese principio que debiera ser de aplicación universal y me refiero expresamente a la muchas veces aplaudida limpieza social, eufemismo que se usa para referirse a los escuadrones de la muerte que, con o sin el patrocinio del Estado, han operado en nuestro país para asesinar a quienes son calificados como delincuentes sin que exista debido proceso, mucho menos la ahora tan mentada presunción de inocencia.
Recuerdo perfectamente cuando en los años ochenta se produjeron varios asaltos a chalets en las orillas del lago de Amatitlán, provocando importante pánico y hasta terror en quienes disfrutaban allí sus descansos. Familias enteras fueron víctimas de vejámenes por una o varias pandillas que se dedicaron a robar y ultrajar a hombres, mujeres y niños en lo que fue una oleada terrible de criminalidad que se manifestó sobre todo en la parte que es jurisdicción de Villa Canales y Petapa.
En ese momento hubo otro tipo de coperacha, puesto que algunos «expertos» en temas de seguridad aconsejaron que lo único que se podía hacer era realizar una limpieza social en el sector para enviar un mensaje contundente a los criminales. Y tras pasar el sombrero que fue nutrido por algunos de los dueños de chalets, empezaron a aparecer cadáveres por decenas en la orilla de los caminos porque se operó con extraordinaria eficiencia para eliminar a todo aquel que fuera sospechoso. Y como siempre pasa, seguramente algunos se encargaron de señalar a sus enemigos como parte de las bandas criminales.
Efectivamente los asaltos cesaron y recuerdo una discusión con alguien que había sido parte de la cooperacha, puesto que cuando yo critiqué esa práctica, su respuesta fue precisamente que gracias a esa «oportuna intervención» había vuelto la tranquilidad que había sido arrebatada por los delincuentes. Y le dije que sí, que habían parado los asaltos, pero a costa del asesinato de muchas personas que, de acuerdo a lo que ahora se reclama como presunción de inocencia, no se podían identificar como los maleantes.
En Guatemala no sólo los aparatos del Estado han realizado limpieza social sino que la misma ha sido alentada y patrocinada por mucha gente que la justificaba por la inoperancia de nuestro sistema de justicia. Los criminales entran un día y están libres al siguiente porque nunca se les persigue, menos condena, era la letanía repetida ad eternum.
Valoro mucho que ahora, en las condiciones tan especiales que se viven en el país, nos acordemos del principio UNIVERSAL de la presunción de inocencia. Espero que esta actitud no sea otra muestra de nuestra doble moral, del doble rasero que históricamente usamos, sino un compromiso real y definitivo para respetar ese principio.
