Ayer anunció el Presidente de la República a Anabella Morfín como nueva Procuradora General de la Nación tras la salida de María Eugenia Villagrán en medio de la delicada coyuntura provocada por el escándalo de corrupción de la empresa TCQ, la cuestionada postura de algunos funcionarios de gobierno y las presiones de quienes quieren que de alguna manera se proteja los intereses de quienes han «invertido» en el país.
Lo que tiene que tener claro la nueva Procuradora es que no solo debe ser el caso de TCQ el que esté quemando los escritorios de la dependencia que le tocará dirigir, porque ya se sabe que la misma figura del usufructo oneroso se ha utilizado en otros casos que ameritarán una detallada revisión y una enérgica postura en defensa de los intereses del país.
Durante mucho tiempo, el PGN al igual que el Contralor General de Cuentas, en lugar de ser eficientes custodios de los bienes e intereses del Estado, han jugado el papel de ser operadores y facilitadores de los poderes oscuros que son los que se hartan con los recursos públicos.
Si a eso le sumamos que hay una batería completa de funcionarios en el Ejecutivo, entre ellos el titular de Finanzas, que consideran un gran riesgo contra la modernización y la inversión, establecer procesos contra los corruptos que se han aprovechado del país, es entonces un escenario complicado para buscar las medidas que garanticen que cualquier esfuerzo de inversión sea de beneficio para el Estado y no un vil saqueo.
TCQ, al igual que el Caso de La Línea, es el primer hilo de una serie de nuevos casos que pueden seguir mostrando cómo es que durante décadas Guatemala ha sido una vaca que solo saca leche para los mismos chivos de siempre, y que es ordeñada bajo reglas basadas en la mordida, la corrupción y la intimidación que se permite en un sistema de impunidad como el que hemos tenido.
La PGN puede ser la encargada de demostrar de una vez por todas que las tales «reglas claras» que han pedido muchos de los operadores de los empresarios, no significan mantener lo acordado con pagos bajo la mesa, coimas, comisiones o ayudas de campaña.
Las reglas claras tienen que ser aquellas que privilegien los intereses del Estado y que se enmarquen en la legislación guatemalteca. Sin importar a quienes se les tiene que entablar el proceso, la PGN puede y debe actuar a la altura de las circunstancias que han marcado la CICIG y el MP. Y seguirá quedando atrás la Contraloría.
