Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El sábado por la mañana recibí un madrugador correo del comisionado presidencial Enrique Godoy García Granados en el que explica su postura respecto al negocio de TCQ. El texto fue el siguiente: “Hola Oscar Clemente, He visto con extrañeza tus comentarios acerca de mi actuar. No es reclamo, esa es tu percepción y tu derecho, pero quisiera aclarar mi posición, no de hoy, si no desde hace 4 años respecto al tema.
Estoy convencido que fue una simulación y un negocio montado a propósito desde el inicio. Lo dije públicamente tanto en Canal Antigua como en Temas y Debates desde el 2012. Lo cual me provocó reacciones de Allan Marroquín y el mismo presidente Pérez Molina.
He reiterado que debemos proteger los intereses del Estado, apoyar en la persecución penal, exigir la intervención de TCQ SA, en lo que se anula onda por terminado anticipadamente el contrato de usufructo y preparar el camino para una licitación pública internacional para la concesión o administración/operación de la terminal.
Desde hace un par de meses que me enteré de la adquisición por parte de APMT de las acciones de TCB en TCQ he pensado que el desgaste les es molesto y no tardarán en dejar las acciones en manos de TCB y proceder a demandarlos por haber ocultado información en la transacción.
Mis respetos y aprecio de siempre.
Bendiciones”
En efecto en los últimos tiempos me he referido a él por dos situaciones concretas. La primera fue su imprudente conversación telefónica en la que como funcionario del Estado fue llevado a afirmar que la vida de Allan Marroquín corre peligro en Guatemala, elemento que podría servir para argumentar a favor de su asilo. Me pareció una torpeza descomunal y así lo dije. La otra ha sido con relación a la insistencia que tanto él como el Ministro de Finanzas han tenido para actuar con “prudencia” en el caso TCQ, cuando lo que procede es actuar con firmeza para repudiar el negocio surgido de una mañosa actuación no sólo del Presidente Pérez Molina y su entorno, sino también de los españoles de TCB. Tanto el Ministro como Godoy han sido citados en publicaciones advirtiendo que Guatemala podría enfrentar alguna demanda o correr el riesgo de perder un arbitraje, postura que me parece abyecta y explicable únicamente de gente que no tiene ningún compromiso con la transparencia y que antepone la cacareada modernización a los principios.
Mi último artículo fue escrito luego de leer en la revista Contrapoder declaraciones atribuidas a Godoy en ese sentido y especialmente diciendo que constitucionalmente el Estado podría verse obligado a pagar daños y perjuicios por lo que hizo Pérez Molina y el interventor Marroquín, pamplina que es el petate del muerto para darle vida a acciones que generen derechos a los holandeses.
Hasta el sábado no había leído nunca que Quique Godoy estuviera de acuerdo con mi tesis de que el derecho que tienen los holandeses es el de demandar a TCB por fraude al venderles un negocio shuco, pero me alegra que esté en esa línea que es la única viable para ellos.
