Eugenio R. Fernández
buzonasprodecogt@gmail.com
La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, por medio del superintendente Francisco Solórzano Foppa, presentó a los intendentes Wagner Ovalle, Abel Cruz, Leonel Villamar y Adrián Zapata. De este grupo tengo el gusto de conocer a dos de ellos a nivel profesional, y me agrada mucho que hayan asumido la responsabilidad de rescatar una institución que no puede estar más tachada y dañada como lo es la SAT. Creo que son personas sumamente competentes y sobre todo bien intencionadas.
Sin embargo, no deja de preocuparme el rumbo que esta institución pueda tomar bajo la dirección de Francisco Solórzano Foppa, que también ha demostrado ser competente y bien intencionado y ha logrado en corto tiempo éxitos tributarios como es el Caso de Aceros de Guatemala; pero su experiencia profesional es de fiscal, lo cual desde el punto de vista personal y de ASPRODECO no deja de encender alarmas. La preocupación radica, en que la SAT no es el ente encargado de la persecución penal, menos de la persecución de delitos tributarios, esa es función del Ministerio Publico y la Fiscalía de Delitos Económicos.
El no cumplir con ese balance, la SAT rápidamente se pudiera convertir en una Gestapo Tributaria, en la época del mal recordado Ángel Menéndez, como intendente de Asuntos Jurídicos se intentó judicializar muchos procesos que no necesitaban judicializarse. Además, se llevó al extremo de llevar todos los casos tributarios que la SAT perdía en lo Contencioso Administrativo, a Casación, a la Corte de Constitucionalidad, a un costo muy elevado para el contribuyente siendo esto un Bullying judicial de parte de la SAT. No solo eso, insistían ajustando a contribuyentes con criterios que ya habían perdido de forma judicial, repitiendo el calvario a nuevos contribuyentes con la judicialización de los casos tributarios con criterios espurios.
La SAT debe tener un balance entre la prestación de servicios de recaudación tributaria, lo cual implica un servicio al cliente (tributario) y no tratarlo como lo ha hecho desde la llegada de Rudy Villeda a la SAT como si fuera ganado o animales haciendo colas todo el día para solucionar problemas simples. Se tiene que llevar un balance adecuado entre la fiscalización y el acompañamiento del contribuyente, existen errores en el complejo ejercicio de pagar impuestos, que no necesariamente estos tengan que ser criminalizados, simplemente ajustados.
Es importante para mantener un balance adecuado entre lo que MP y la SAT puedan hace y para ello es indispensable juzgados penalistas especializados en materia tributaria. Hemos sido testigos como jueces penalista, muy buenos, que sin embargo, son ignorantes en el tema fiscal y más aún en el aduanero, dejándose llevar muy fácilmente por lo que dice la Fiscalía y la SAT. La indefensión del contribuyente ante esta situación no es más que una violación al derecho humano fundamental de un juez imparcial, ya que un juez ignorante de la materia que juzga no lo puede ser.
