Por supuesto, cuando las cosas se quieren hacer mal, a los involucrados no les interesa que se sepa qué es lo que se está planeando, qué se habla, los acuerdos que se alcanzan y los “trámites” con los que se entregan sus coimas y demás beneficios ilegales.
Cuando es así, se busca a los que legalmente harán el menjurje con el que le querrán dar forma a la ilegalidad y habrá quienes querrán aparecer como actores de importancia avalando los oscuros acuerdos producto de la corrupción y el tráfico de influencias para el saqueo del Estado.
En el Caso de la Terminal de Contenedores Quetzal fue lo que sucedió cuando se hizo toda la ruta entre los funcionarios de los últimos gobiernos, los bufetes de abogados y los empresarios involucrados que, junto al Banco Mundial, supieron en algún momento de las acciones que se planteaban en contra del ilícito negocio.
Un exmagistrado, José Quesada, salió a querer justificar el producto ilegal de todo lo que en la oscuridad se pactó y de lo que los testimonios y evidencias muestran que fue un acuerdo de pago de 30 millones de dólares, al menos, de mordidas.
Hace pocos días nos enteramos de las reuniones entre los personeros de APM, nueva propietaria de TCQ, con funcionarios de Guatemala. El conocimiento de estas reuniones llevó a la pública discusión de los puntos que se trataron y a pesar de que en un principio pareció que había temor en mencionar lo charlado, ha terminado la visita con un aparente cambio en la orientación de lo que se pretendía con el negocio.
Porque en un principio, desde el Ministro de Finanzas hasta el comisionado presidencial para Puertos, parecían operadores de APM por la defensa de sus intereses y la facilitación que hacían para provocarles reuniones y repetir su discurso de modernización sobre lucha contra corrupción.
Pero los mismos inversionistas extranjeros han cambiado en su discurso dejando claro que al conocer cómo se llevó a cabo el sucio negocio, su mejor opción sería ir atrás de los que les vendieron la operación.
En qué terminen ellos, será su decisión empresarial. Lo que queda claro es que el Estado de Guatemala por primera vez y por no reconocer en ningún momento títulos que no les correspondía a los inversionistas, tiene todo sobre la mesa para poder enfrentar un arbitraje internacional en condiciones favorables.
De casualidad y casi a la fuerza se transparentó esta etapa del proceso. Sería bueno que los ciudadanos nos demos cuenta que participar, indagar y exigir explicaciones, nos rinde frutos porque obliga a mejores decisiones.
